Luego que ayer, tras días y horas de llevarse el procedimiento de Antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, se anunciara que presentó la renuncia «irrevocable» como viceministro de Seguridad Pública, cargo por el que la Fiscalía solicitó su desafuero, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró este miércoles que se «cumplieron todos los requerimientos legales” para realizar ese movimiento.
Según comentó esta mañana, la renuncia de Mauricio Arriaza Chicas al cargo de viceministro se analizó en conjunto con el presidente de la República, Nayib Bukele. «En la reunión se platicaron los temas y se hizo un análisis del proceso de desafuero que se estaba dando, se hizo una revisión de los comentarios que hizo Rodolfo Parker, la diputada Yanci Urbina, veíamos toda la situación y el análisis de los diferentes diputados, sabíamos que los dados estaban cargados, entonces entendíamos que no valía la pena llegar a un punto que se le desaforara cuando si vamos enfrentar la justicia, mejor enfrentémosla de frente», dijo Castro en declaraciones a la prensa.
Pese a eso, el secretario jurídico dijo que la renuncia fue una decisión del director de la PNC, porque «desde hace días se sentía demasiado mal por las violaciones a sus derechos que se estaban dando dentro del proceso». «No se sentía a gusto, porque al final del día se había hecho un show político «, agregó.
Tras una discusión sobre los hechos acontecidos durante la sesión plenaria especial, los diputados aprobaron, con 57 votos a favor, enviar certificación a la FGR sobre posibles nuevos delitos como: usurpación de funciones, fraude procesal y falsedad ideológica.
Agregó que si el funcionario llegó es porque «tenía un llamamiento en la Asamblea y tenía el deber de llegar e informar sobre su renuncia».
Sin embargo, la sesión plenaria especial inició con normalidad, incluso hubo asistencia de funcionarios públicos que llegaron a «respaldar» al comisionado Arriaza Chicas. Se instalaron las mesas para la fiscal de la Comisión de antejuicio, la diputada Cristina Cornejo, y para la defensa, los cuales eran cuatro abogados.
Se escucharon los alegatos de la fiscal y luego los de los abogados defensores Rodolfo Delgado, Orlando Rivas y David Ramírez, quienes en ningún momento mencionaron que su representado ya no ejercía como viceministro. Fue hasta la última intervención del otro abogado defensor, Héctor Nahúm Martínez, que para justificar que el comisionado supuestamente no ha cometido el delito de incumplimiento de deberes que concluyó informando que ya no era viceministro.
Ante esto, la jefa del gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, aseguró este mismo día que «no fue un hecho planeado con trasfondo político, que no están jugando». Sobre por qué asistieron varios funcionarios sabiendo que ya había renunciado al cargo por el que se llevaba a cabo ese proceso, la funcionario alegó que «nadie» les podía «negar el derecho» de acompañarlo.
«El comisionado se convierte en un blanco que quieren apartar porque el Plan Control Territorial está eliminando los privilegios de hacer de la violencia un usufructo», añadió.
La comisionada concluyó diciendo que el director de la PNC «cree en el sistema judicial, cree que ahí sí se le pueden garantizar sus derechos», por lo que se someterá directamente al proceso penal.