En declaraciones a la prensa, el 2 de diciembre el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, manifestó que «apoya y tiene confianza en la imparcialidad» de las investigaciones que está realizando el fiscal general, Raúl Melara, por las posibles compras irregulares hechas en el marco de la emergencia del COVID-19.

«Como saben, hubo muchos gastos inesperados y no presupuestados asociados con el covid-19 y ha habido un historial de corrupción aquí en El Salvador durante bastante tiempo, por lo que estamos muy preocupados», dijo Johnson a periodistas.

«Sé que ha sido investigado por el fiscal, apoyamos al fiscal y sus actividades en el seguimiento de esas investigaciones y tengo que tener confianza en que lo hará de manera imparcial y verá el fin de esas investigaciones», agregó el embajador.

Hace unos días, el fiscal general confirmó que investigan 17 casos de posible corrupción relacionados a gastos de la pandemia por el COVID-19. Dichas investigaciones los llevó a realizar allanamientos en 22 dependencias del Gobierno central y empresas privadas.

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Sin embargo, en uno de esos allanamientos, el Ministerio de Salud (MINSAL) y la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron impedir los registros, lo que generó tensiones con los fiscales.

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En este sentido, Ronald Johnson agregó que como país seguirán «fomentando la cooperación entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía».

En «pláticas privadas» con el Ejecutivo pide respeto a la prensa salvadoreña

En otro tema, el embajador de Estados Unidos se refirió a los ataques a la prensa salvadoreña suscitadas desde el Ejecutivo. En este sentido, aseguró que «en pláticas privadas con oficiales del Gobierno» ha manifestado que deben respetar a los profesionales del periodismo.

“El buen periodismo nos da la oportunidad de ser escuchados y entender la verdad de nuestras sociedades, nos hace fuertes, promueve un abierto intercambio de ideas, y le da una voz vital a la gente”, dijo el diplomático.

Pese a esto, afirmó que se encuentran “motivados por ver que no hay periodistas encarcelados, ni medios de comunicación que hayan sido sacados del aire» por el Gobierno de Nayib Bukele.

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