Este miércoles 2 de diciembre, la Comisión que investiga la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado Salvadoreño, así como el uso de recursos y de donaciones del Presupuesto General, por la pandemia COVID-19, recibió al ministro de Agricultura, Pablo Anliker, para que brindara un informe sobre el uso de fondos durante la pandemia en esta cartera de Estado, y ahí admitió que gastó $207 millones, pese a que solo tenía asignados $145 millones del del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid).
Durante su intervención, el ministro Anliker, presentó unos cuadros a la comisión sobre la ejecución de fondos, pero no los leyó ni tampoco los explicó, pues dijo que los diputados ya tenían en sus manos esos documentos.
Luego de la presentación del ministro, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, cuestionó que según el informe se reportan $145.8 millones en ingresos extraordinarios de Fopromid, pero reportan un gasto de $207.6 millones, la preguntaba iba dirigida sobre cómo realizó las compras cuando “no tenía los ingresos para ello. Asimismo, Urbina pidió información sobre el criterio que el MAG utilizó para contratar de forma directa empresas mexicanas para adquirir alimentos, sin tener asignación de fondos.
El ministro Anliker se limitó a responder (todas las preguntas) que «todo se hizo conforme a la Ley de Fopromid».
El diputado del PDC, Rodolfo Parker, también preguntó sobre la empresa para adquirir los cereales, su nacionalidad y el monto de contrato, ya que según los informes, la empresa mexicana que fue contratada tiene su sede en el estado Sinaloa, México, la cual públicamente ha sido vinculada a casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Parker reiteró esa vinculación irregular.
Tras varios minutos que Anliker consultara con sus 4 asesores, dijo que la mayor parte de las empresas contratadas para adquirir los productos son mexicanas y añadió sobre “qué tenía de malo, que era normal” que provinieran del estado de Sinaloa, ya que los mercados de los países vecinos «estaban cerrados y México es una de las 20 economías más grandes», además que «la producción nacional no podía satisfacer la demanda». La Cámara de PyMe Productores Agropecuarios ha señalado que la importación de esos granos terminó afectando a los productores locales.
“Yo quiero hacer la aclaración que con este informe pueden salir muchas preguntas, pero todo se ha hecho según la Ley de Fopromid y se hicieron en su mayoría con empresas extranjeras, entonces a mí no me extraña el por qué le compramos a México, porque es una de las empresas más fuertes de la región, que tiene la capacidad de alimentar a un país como El Salvador (…). Esto es normal que vengan producto de México. Sinaloa es el granero de México y la gente lo asocia con otras cosas, pero nosotros consultamos con otros importadores y estaban cerrados, entonces nos quedaba comprarle a México”, alegó.
Parker también cuestionó sobre la empresa que vendió el atún enlatado a El Salvador, su nacionalidad y monto de contrato. El ministro Anliker dijo que compró $5.2 millones a Grupo Calvo y $11.7 millones a la empresa mexicana Marhel Group y asegura que pagaron $7.9 millones a una empresa salvadoreña y a otra panameña para la logística y empaquetado de cestas.
El diputado por GANA, Guillermo Gallegos, interrumpió aludiendo que: “Hay cosas impertinentes que no tienen nada que ver con lo que viene a declarar bajo juramento el ministro, esa información no sabemos si es cierto, debe haber una moderación en ese sentido”(…). Si hay un malestar con estas empresas por lo que tengan en otros países, pero aquí en el país no ha habido problema, eso no es problema nuestro”.
El diputado del PDC respondió que “sí tiene relación de importancia, porque esta empresa está catalogada como una empresa fantasma». «¿Cómo no va a ser importante cuando se han utilizado fondos públicos?», recriminó.
Tras esto, la diputada de ARENA, Evelyn Batres, preguntó por qué su Ministerio reservó la información sobre las compras durante la pandemia. “En vista que he notado una resistencia a la información, este ministerio es el que más se ha reusado de rendir cuentas, ¿a que se ha debido la reserva de la información que ha tomado como decisión sobre en qué ha sido invertido el dinero de las compras en la ayuda alimentaria?», preguntó.
Anliker afirmó que fue “porque la Corte de Cuentas de la República (CCR) estaba pasando la información a otras ramas, agarran un contexto inadecuado y esas son las noticias que usan los medios de comunicación para sobrevivir.”
Bajo ese punto, la diputada Batres repreguntó sobre cuál fue el método de distribución, el criterio y registro exacto de las familias que a la fecha han recibido los paquetes del Programa Emergencia Sanitaria (PES) que el Gobierno central ha estado entregando. Batres enfatizó que se entregaron paquetes a “familias que no tenían necesidad”.
El funcionario del Ejecutivo respondió que le entregaba había sido «pareja», porque no podían hacer distinción entre las personas, pues algunos podían vivir en colonias de clase media y no podían saber cómo estaba su economía, que no podía «leer la mente de la gente para saber si tiene o no necesidad». «Todos tenemos derecho a recibir esa canastas», justificó, al tiempo que le ofreció paquetes a la diputada.
Sobre esto, cabe destacar que la Revista Gato Encerrado documentó que de 3.4 millones de cestas con alimentos se incluyeron a familias acomodadas, de residenciales de clase alta, dejando fuera a familias en condición de pobreza. Expertos señalaron que esta descoordinación y la no ayuda a personas que sí la necesitaban se debió a la falta de un plan o logística, mientras que otras personas ha señalado que se trató de una campaña adelantada.
Por otra parte, Portillo Cuadra señaló que, a través del Portal de la Presidencia, indican que el Ministerio compró $308 millones en la reserva de granos básicos, pero él dijo que invirtieron $23.4 millones. Ante esto, le preguntó por la diferencia de ese dinero. Añadió que según el informe el monto total de bolsas, cajas y cestas son de $7.6 millones, “¿Nos podría compartir cuánto se le dio a las alcaldías, cuántas repartió el gobierno, cuántas se donaron a Guatemala y Honduras, y si se donó a partidos políticos para que los repartieran?», finalizó Cuadra.
Anliker dijo que dieron $1.1 millones para cestas pequeñas de alimentos a las alcaldías, pero “que no puede dar números” sobre cuántas dieron directamente por parte del Gobierno central y cuántas donaron a Guatemala y Honduras.
La diputada Urbina finalizó señalando que el Ministerio de Hacienda transfirió $28.1 millones de Fopromid a Agricultura, después de vencida la declaratoria de emergencia nacional, y según la Ley de Fopromid solo permite hacer transferencias durante ese periodo especial.
Tras los cuestionamientos (algunos reiterados), debido a que el ministro Anliker se mostró ambiguo en sus respuestas, la Comisión solicitó al funcionario que envíe los dos informes pendientes que no adjuntó, uno sobre las donaciones de productos hacia Guatemala y Honduras y otro sobre el costo desglosado de las canastas por 4.5 millones elaboradas por dicha cartera de Estado.