Este 27 de noviembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, junto al viceministro de dicha institución, Jerson Posada, presentaron un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, por supuestamente difundir información «preliminar de una auditoría».
El aviso surge luego que Anzora informara que el Ministerio de Hacienda, de enero a septiembre, tuvo disponibilidad de fondos para pagar el FODES, pese a que Zelaya ha alegado que no tiene los fondos suficientes por la caída de ingresos causada por la pandemia del COVID-19. Esa información -dijo- la arrojaron «exámenes especiales» realizados por los auditores.
Hoy, Zelaya reclama que, con la revelación de la información, Anzora «no solo violentó el Código de Ética, las normas de auditoría y el Código Penal, sino que tampoco guardó la imparcialidad política partidaria”. Asimismo, aseguró que la retención de los fondos “es mentira” y lo que se busca es “dañar el prestigio” de Hacienda.
“El jueves de la semana pasada todos fuimos testigos de cómo se acabó con los últimos vestigios de respeto que tenía la Corte de Cuentas, el magistrado presidente violentó el código de ética, las normas de auditora y el código penal”, resaltó.
Zelaya detalló que con esto existe una posible violación al artículo 324 del Código Penal, por «adelantar criterio sobre una auditoría preliminar, sin que se notificara de forma oficial al Ministerio de Hacienda»; además, según él, Anzora «legalmente no podía tener acceso a dichos expedientes».
“Por ley orgánica de la Corte de Cuentas, el magistrado Anzora no puede tener acceso a los expedientes de auditoria, entonces ¿por qué fue a revisar expedientes a los que legalmente no tiene acceso? Por eso vamos a presentar un aviso penal ante la FGR y vamos también a probar si hay selectividad en los casos que se siguen”, agregó.
El pasado lunes 23 de noviembre, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que han iniciado una investigación en contra del Ministerio de Hacienda luego que la CCR enviara un aviso por el impago del FODES y posible disponibilidad de recursos.
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Por ley, el FODES proviene de los ingresos del Estado, es decir, de cada dólar que recauda El Salvador, $0.10 son para los gobiernos municipales. Según los mismos datos colgados por Hacienda, entre enero y septiembre de 2020, el fisco recibió un total de $3,628.5 millones, en concepto de ingresos corrientes y contribuciones.
