La exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, y el exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, enfrentaron el jueves una audiencia probatoria por acusaciones de “daños ambientales” en el cerro El Águila, ubicado en Ahuachapán.
El proceso judicial inició luego de una demanda civil presentada por la Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra), tras una denuncia de pobladores de que en la zona se realizó una tala indiscriminada y clandestina de árboles.
En ese sentido, los abogados de Aeproterra señalan que el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, y subsidiariamente el Estado Salvadoreño, cometieron “daños ambientales en el cerro El Águila, así como la no reparación y preservación de las condiciones naturales de la zona”. “Lo que nosotros buscamos es la declaración de daños ambientales por omisión de la exministra Lina Polh, que como su cargo lo merece debió haber ejercido acciones para evitar la contaminación, la depredación y tala de árboles en esa zona protegida”, afirmó el abogado acusador, Gerardo Landaverde.
El cerro se encuentra entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa, y las áreas presuntamente afectadas son de un aproximado de 29 manzanas, con una tala de árboles de hasta metro y medio de diámetro.
El lugar funcionaba como “verdaderos corredores biológicos” y albergaba especies de animales y plantas, que ahora se han visto afectadas, como: 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas; y 71 especies de aves, algunas en peligro de extinción.
Sin embargo, la Fiscalía considera que no existen daños por los que se daba responder. “Básicamente la FGR lo que está haciendo es protegiendo al Estado. Nosotros consideramos que la Fiscalía debería de estar de nuestro lado, condenando este tipo de omisiones que han hecho los ministros”, reclamó Landaverde al salir de la audiencia probatoria.
El fallo, a favor o en contra, se dará a conocer el próximo martes 17 de noviembre.