Luego que ayer las autoridades del Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil (PNC) intentara obstaculizar el trabajo de la Fiscalía en los allanamientos, diversas reacciones se han generado en la Asamblea Legislativa, la mayoría condenando el inusual suceso.
El diputado René Portillo Cuadra de ARENA lamentó los hechos y aseguró que el actuar de los policías se debió a una orden superior. «Yo estoy seguro que los policías que llegaron a acordonar y a presionar a los fiscales, ellos han recibio órdenes, la culpa no es de ellos, la culpa es de quienes han girado las órdenes», expresó esta mañana.
«No pueden presionar a un fiscal en el ejercicio de sus funciones, eso es característico de un estado autoritario, de un régimen dictatorial.. Esto es una campanada de alerta para la comunidad nacional e internacional», agregó Portillo Cuadra.
El diputado Jorge Schafick Hándal también criticó las actuaciones y dijo que con eso se «robustece» más la petición de desafuero del viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas.
«¿En qué situación estamos hoy? ¿En la de la ley de la jungla, donde cada quien hace lo que se le da la gana y se limpia con la Constitución cuando le da la gana? ¿Ese es el Estado en el que estamos? Pues con mucha más razón hay que actuar con toda la dureza que nos permitan las leyes, para imponer orden», cuestionó.
«Ahora se robustece más la petición que hizo ayer la FGR de desaforar al viceministro de Seguridad y como dije: se pueden anexar nuevos delitos en este proceso, nunca un proceso está cerrado», añadió.
El incidente en el Ministerio de Salud inició ayer en las primeras horas de la tarde cuando la seguridad de la institución no quería entrar a los fiscales. Tras unos minutos, al personal del Ministerio Público se le permitió nuevamente el acceso, pero luego agentes de la PNC y la UMO llegaron al lugar y retuvieron las armas de los fiscales, mientras revisaban sus licencias de portación.
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Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos del partido de Gobierno, GANA, trató de justificar el actuar de los agentes e hizo un llamado a la PNC y FGR para que se «coordinen».
Según este parlamentario, «había una preocupación de parte de los empleados porque no sabían si eran fiscales o no» y por eso tuvieron que llamar a la Policía para «resguardar un poco la situación».
Cabe mencionar que el procedimiento no inició ayer, sino desde el lunes en horas de la mañana, bajo una orden judicial del Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador.
Sin embargo, Gallegos agregó: «La Policía tenía que investigar y determinar si esto era real, pero lo que aquí ha sucedido es falta de coordinación. Por eso es importante un llamado a ambos funcionarios, el director de la PNC y el fiscal general, para que en un futuro sigan coordinando en todos los procedimientos».
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