Este viernes, representantes de organizaciones ambientales participaron en el foro denominado “El Acuerdo de Escazú, su importancia para la Cooperación Internacional y el cumplimiento de la Agenda 2030”, con el objetivo de conocer y analizar algunos conflictos legales de carácter ambiental en El Salvador.
En dicho foro participaron: El Equipo Impulsor Acuerdo de Escazú en El Salvador, ADES Santa Marta, El Grupo Parlamentario de Jóvenes, el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, la CEPAL y diputados de la Asamblea Legislativa.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”, es un tratado internacional que establece las garantías del acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Los representantes reiteraron sobre la importancia en que El Salvador se adhiera a este acuerdo regional, puesto que denunciaron algunas situaciones de vulnerabilidad, no solo en materia medioambiental sino también los riesgos que enfrentan las personas defensoras en el tema. En ese sentido, enfatizaron en la necesidad de fortalecer el trabajo organizativo de las comunidades en los territorios.
“Ante la situación de vulnerabilidad que nuestro país enfrenta, estas crisis medioambientales son catastróficas y si no ponemos esos candados por así decirlo, para que no se siga cometiendo delitos contra nuestro medio ambiente, nos aceleramos a una catástrofe sin precedentes en la historia humana de este país”, dijo Vidalina Morales, presidenta de ADES.
“La Gobernanza Social Territorial de los pueblos es un mecanismo que se vería fortalecido con la implementación del acuerdo, es un asunto urgente, el país necesita dotar a las comunidades de instrumento robusto que proteja al ambiente y las personas”, agregó también Abel Bernal, del Equipo Impulsor Escazú.
Por su parte, la diputada del FMLN y miembro del Grupo Parlamentario de Jóvenes, Anabel Belloso, reiteró en la necesidad de fortalecer las leyes en materia medioambiental y la participación pública y activa de la ciudadanía en dichos temas, así como el acceso a una justicia ambiental.
“Hoy hemos conocido experiencias desde los territorios de nuestro país, sobre todo de aquellas personas que ven vulnerados de manera continua sus derechos y que provienen justamente por la degradación medioambiental (…). En ese sentido, estamos haciendo incidencia en el tema para que en el momento de la solicitud de adhesión del convenio llegue a la Asamblea pueda ser una realidad y que este Órgano de Estado contribuya”, indicó la diputada.
“Sabemos que en primer momento es una obligación del gobierno central, es el Ejecutivo el quien debe mandar la solicitud y hasta el momento, el presidente Nayib Bukele no ha dado las muestras de buena voluntad de hacerlo”, lamentó Belloso.
El pasado 26 de septiembre se venció el plazo para que El Salvador formara parte en dicho acuerdo y el presidente Nayib Bukele dijo que no lo firmaría porque “no estaba de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo, ya que habían un par de cláusulas que no aplican para El Salvador”. Al no firmalo, la decisión ha quedado ahora en la Asamblea Legislativa.
Con la firma del Acuerdo de Escazú se promovería la participación ciudadana, el acceso a la información, mediación de conflictos y protección a personas defensoras del medio ambiente.