Este viernes 30 de octubre, la Sala de lo Constitucional llevó a cabo la audiencia oral y pública de seguimiento a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional en la que estuvieron presentes representantes de la Presidencia de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, la Fiscalía y la parte demandante, para que explicaron sus informes con lo que respecta a dicha Ley, la cual fue vetada por el presidente Bukele, y qué se está haciendo en pro de las víctimas y familiares.
El pasado 7 de octubre, la Sala emitió resolución de incumplimiento de la sentencia por parte de la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma en el proceso que inició en 2016 cuando ese tribunal declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.
De acuerdo con la intervención de ayer del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ese Órgano de Estado “sí ha cumplido con los elementos de la sentencia, así como con los principios del Derecho Internacional”, ya que afirmó, han incluido en la redacción de la misma recomendaciones y consultas con involucrados en el conflicto armado, así como también a la Universidad de El Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y organismos internacionales.
Añadió que se tomó en cuenta la participación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la sociedad civil a través de foros de consulta en los que se recibieron propuestas.
El magistrado Aldo Cader preguntó a Ponce sobre las razones por las que un grupo de diputados votó en contra o se abstuvo de votar a favor de la Ley, a lo que Ponce aseguró que la Ley aprobada tuvo un 75 u 80% de la propuesta realizada por la sociedad civil. “No hay una oposición ciega de no querer superar el veto”, dijo Ponce.
Ante la interrogante sobre las fechas para retomar el tema, Ponce no se comprometió a dar fechas específicas para dar cumplimiento a la Ley. «Este servidor tiene toda la voluntad política, el compromiso de impulsar y cumplir con el mandato de la Sala, en este caso en particular no me puedo comprometer en fechas por la diversidad del pensamiento ideológico de un Órgano Legislativo (…). El esfuerzo será de parte mía, estoy manteniendo el tema en agenda dentro de la Comisión Política”, expresó Ponce.
Sin embargo, luego añadió que ha programado en la agenda de la Comisión Política abordar el tema de superación al veto para el próximo lunes a las 3:00 pm.
Por su parte, uno de los representantes de la Presidencia de la República, José Ángel Pérez, justificó algunas de las razones del veto emitido por inconstitucionalidad, el pasado 28 de febrero por el presidente Bukele. Pérez sostuvo que las penas otorgadas a los responsables “no alcanzan a cumplir con los parámetros necesarios a la luz de una tutela judicial ni para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas”; por lo tanto, “deben ser ponderadas a la luz de la gravedad de la violación a los derechos humanos”.
Por otro lado, Ana María Corleto explicó sobre las políticas públicas que ha implementado el Ejecutivo para “potenciar” el cumplimiento de la sentencia. Aquí destacó que han pedido informes a diferentes instancias del gobierno como, el Ministerio de Gobernación, Cultura, Relaciones Exteriores, y Desarrollo Local, para implementar diferentes proyectos que incluyen medidas de reparación a las víctimas.
Ante esto, el presidente de la Sala, Óscar Armando Pineda, cuestionó a Corleto sobre si en el Presupuesto presentado para el 2021 están incorporados los fondos para impulsar esos proyectos. Ambos representantes del gobierno de Nayib Bukele no pudieron detallar sobre la asignación.
Entre los aspectos relacionados al veto, el representante de Hacienda, Luis Enrique Sánchez, dijo que el decreto legislativo 575 no se ajusta a los parámetros presupuestarios que debe cumplir toda ley o reforma, y agregó que se han incorporado $8.9 millones al presupuesto 2021, de los cuales se comprenden $2.3 millones para la reparación de víctimas a graves violaciones y $ 6.5 millones para la sentencia del Mozote.
Con respecto al Ministerio de Defensa, los representantes dijeron a la Sala que «han cumplido al hacer un instructivo para la búsqueda, digitalización y creación de un banco documental de archivos, desde el 1 de enero de 1980 al 1 de enero de 1992». “La selección de estos documentos están a cargo de una directiva interna identificada como 001-MDN2019″, aseguró.
Indicó, además, que al terminar la búsqueda de los documentos, la directiva determinará cuáles se pondrán al conocimiento del público”.
En este contexto, el magistrado Carlos Sánchez preguntó: ¿Qué medidas se están tomando para facilitar el acceso a la información? El representante de Defensa señaló que la unidad de derechos humanos de la Fuerza Armada es la encargada de este ámbito y dijo que «se abre puertas para archivos que se puedan obtener a cualquier ciudadano de los afectados».
«¿Los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad son planes secretos del Estado?», cuestionó también. «Los documentos de delitos de lesa humanidad no pueden ser planes secretos, la división de los dos es que se complica», respondió, pues aseveró que se separan estos hechos de referidos planes.
«¿Ha contribuido el ministro con la Fiscalía en las inspecciones con el Órgano Judicial? ¿Han colaborado, en cuáles? «Sí se ha colaborado. Si pregunta por el caso específico de las inspecciones a archivos militares sobre El Mozote, ha existido un lineamiento jurídico, pero se ha entregado toda la información solicitada. Si se encontrara más, será enviada al juez de la causa», respondió, pese a que ha sido un hecho público que el gobierno de Nayib Bukele no ha colaborado.
«¿Quién lo ha expresado?, repreguntó el magistrado sobre la indicación para no dar acceso a las inspecciones. «Supongo que la dirección jurídica del Ministerio, es una suposición, escapa de mi conocimiento», comentó el representante.
Ante estas respuestas, Sánchez reclamó: “Les vamos a solicitar que en otras ocasiones vengan bien informados, porque ustedes representan a la autoridad que está convocada, de tal manera que si hay falta de conocimiento sobre esto, es falta de diligencia sobre ese aspecto y si no, entonces que venga la autoridad que está convocada para que venga a explicar concretamente lo que se solicita, porque esto es una audiencia de verificación de seguimiento”.
Llegó el turno de la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y en su informe reveló que han abierto 206 expedientes por crímenes ocurridos en el conflicto armado, de los cuales 26 ha logrado llevar a juzgados.
“Son 26 casos los que están judicializados, la mayoría de ellos, el 95% en sede judicial bajo la normativa sustantiva del 1983 y de 1974. En estos procesos la fiscalía se acreditó y se está dando impulso como (los casos de) El Mozote, Monseñor Romero, Jesuitas, Río Sumpul y otros más», indicó el fiscal Julio César Larrama.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, también participó en la audiencia y señaló que ante las cuestionadas consultas que hizo la Asamblea, tomó la decisión de hacer un proceso de consultas con víctimas del conflicto en 12 de los 14 departamentos.
Asimismo, recomendó a la Sala que tenga por no cumplida la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y que ordene a la Asamblea incluir en la ley un precepto para que se abran los archivos y que en caso de no hacerlo “se considere como delito”. Además, pidió que se elimine el 70% de la publicidad estatal, incluida la PDDH, para crear un fondo para la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado.
Representantes del IDHUCA, en calidad de amigos del Tribunal, señalaron que la Ley constituye a una “amnistía disfrazada” y que es inconstitucional en al menos 20 de sus elementos; además reclamaron una “constante falta de información” y de “una visión sistémica y estratégica sobre la esencia, contenido y enfoque de la sentencia”, por lo que pidieron a la Sala que le ordene a la Asamblea, realizar un proceso “verdaderamente participativo” para la construcción de la ley y que dé un plazo perentorio.
También hicieron un llamado al gobierno central a que cree políticas concretas de reparación y que la Sala le ordene abrir los archivos militares.
Luego de las intervenciones, la Sala de lo Constitucional estableció como fecha límite el 6 de noviembre para que todas las partes entreguen la documentación presentada en la audiencia.