El partido Nuestro Tiempo presentó este martes una serie de propuestas que buscan combatir la corrupción en El Salvador y fortalecer las instituciones que defienden y luchan por la transparencia en las instituciones públicas. Este instituto político unió las propuestas en el denominado “Sistema Nacional Anticorrupción”.
“La debilidad e ineficacia de nuestros mecanismos de investigación y persecución del delito, así como del sistema de justicia en general para combatir la corrupción es evidente. Pese a los múltiples indicios y denuncias, la impunidad es el único resultado de todos los esfuerzos que las organizaciones sociales y la población han obtenido al combatir este flagelo… A lo largo del 2020, la transparencia perdió y la corrupción ganó: en apenas 6 meses, fueron revelados más de 30 casos de irregularidades e indicios de corrupción de parte de funcionarios públicos, sobre todo en procesos de compra de insumos médicos para el combate a la pandemia del COVID-19”, lamentó el partido.
Nuestro Tiempo recordó, en este contexto, que en lo que va del gobierno de Nayib Bukele, las instituciones que tienen un rol en el combate a la corrupción han sufrido duros golpes, como las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para reducir la autonomía administrativa del Instituto (IAIP), además, la propuesta de Presupuesto General 2021 prevé recortes presupuestarios de $65,000 al IAIP y a la Corte de Cuentas, $600,000.
“Ha sido comprobado que los países con menor corrupción tienen mayor grado de desarrollo humano. La corrupción nos afecta a todos, pues implica una violación a nuestros derechos fundamentales y resulta en servicios públicos deficientes e insuficientes… Por eso, como Nuestro Tiempo, proponemos una serie de respuestas que deben ser consideradas para dar pasos más decididos en nuestro camino hacia un Estado más transparente, más eficiente y con mejores servicios para todos”, expresaron.
Estas son las propuestas del Sistema Nacional Anticorrupción:
1. Creación de una unidad especializada al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), su financiamiento y la selección de sus fiscales anticorrupción
En septiembre de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la creación de una unidad especializada contra la corrupción y la impunidad. El Grupo Especial contra la Corrupción y la Impunidad (GECI) nació con el objetivo de investigar casos de alta connotación política, enfocado en la persecución de delitos específicamente relacionados a los esquemas de corrupción e impunidad que rutinariamente se desarrollan en El Salvador. A partir de su creación en 2016, el GECI ha presentado casos contra exfuncionarios públicos por delitos como lavado de dinero, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado, entre otros.
En septiembre de 2018, dos años después de haber sido creado, el GECI logró lo que muchos consideran el logro más importante en la historia de la lucha contra la corrupción en El Salvador: una condena de diez años de cárcel para el expresidente Antonio Saca (2004-2009) por los delitos de lavado de dinero y peculado. Sin embargo, luego de esta importante contribución a la lucha contra la corrupción, el Grupo se ha vuelto prácticamente inoperante.
Esta realidad prueba que, para funcionar de forma efectiva, el GECI necesita reformarse para obtener independencia financiera del Estado salvadoreño y respaldarse en la asistencia técnica de organismos internacionales ya establecidos. Por tanto, se ha identificado la necesidad de:
- Reformar las fuentes de financiamiento del GECI
- Robustecer los procesos de selección de los fiscales involucrados
- Garantizar asistencia técnica de la CICIES
2. El fortalecimiento de las instituciones que defienden transparencia
Un sistema nacional anticorrupción, se vuelve fundamental cuando sus pilares legales e institucionales son lo suficientemente robustos, por ende, es importante que estos contemplen:
a) Corte Suprema de Justicia: creación de tribunales especializados Anticorrupción
La corrupción puede ser un delito complejo y sofisticado. Es necesario que estas investigaciones sean judicializadas en tribunales que puedan actuar de manera eficiente, íntegra, independiente y técnica, para lo cual, una pieza indispensable del engranaje anticorrupción sería la creación de tribunales especializados para el combate de la corrupción.
Estos tribunales deben ser creados de forma que se garantice su independencia, económica, técnica, y jerárquica, dotándolos de autonomía presupuestaria, de personal técnico capacitado para resolver de forma imparcial y técnica los procesos que se le presenten y, de una posición jerárquica dentro del sistema judicial donde se garantice un proceso libre y justo, en el que se dicte sentencia de forma eficaz.
b) Fiscalía General de la República: controles disciplinarios internos y acceso a información
Una de las principales herramientas para la “depuración interna” de la Fiscalía es la expulsión de los malos elementos que han obstaculizado históricamente la lucha contra la corrupción y la impunidad. La posibilidad de que los fiscales especializados denuncien ante el órgano interno de control, las faltas administrativas y disciplinarias cometidas por el personal de la Fiscalía es necesaria. Esto debe incluir el seguimiento correspondiente con el compromiso del Fiscal General de trasladar o remover al funcionario que haya incurrido en la falta disciplinaria o administrativa.
La garantía del acceso amplio a evidencia y a toda la información sobre investigaciones conexas: Se requiere acceso total a la información en poder de la Fiscalía por parte de los fiscales especiales. Esto es fundamental pues muchas veces casos aparentemente inconexos entre sí pueden estar relacionados o brindar información valiosa para comprender integralmente el fenómeno criminal, y elaborar una estrategia integral para combatirlo.
c) Tribunal de Ética Gubernamental: mayor margen de actuación y sanciones significativas:
El Tribunal de Ética Gubernamental podría tener un rol crucial en sentar importantes precedentes para funcionarios que han cometido actos contrarios a la ética. Para ello, las sanciones deben ir más allá de lo simbólico y ser medidas verdaderamente disuasivas, por ejemplo desbloqueando el techo de sanciones más arriba de los 40 salarios mínimos e incluyendo la inhabilitación para cargos públicos.
3. El fortalecimiento del sistema de acceso a la información pública
Es urgente y necesario institucionalizar la rendición de cuentas, para que deje de manejarse de forma tendenciosa, conveniente y voluntaria. Debilitar y controlar a las instituciones de otros órganos del Estado y a las Oficinas de Información y Respuesta, es otra apuesta del Ejecutivo, y esto se ve reflejado al proponer reducciones significativas en el Presupuesto General del Estado en 2021 en estas áreas. Es fundamental que estas instituciones gocen de un presupuesto que les salvaguarde su autonomía política y operativa.
En este sentido, quienes desempeñan una labor de control y velan por garantizar el acceso a la información pública a la ciudadana, no deberían ser nombrados por personas que presiden instituciones públicas. Los oficiales de información no deben responder a los intereses de su titular, ni sus garantías laborales ni los resultados de su trabajo deben verse amenazadas por la falta de autonomía.
4. Garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y promover el Gobierno Abierto
La participación de la ciudadanía es un elemento clave de la democracia y contribuye a la cohesión integral entre sectores de la sociedad civil, gubernamentales y políticos. Es importante, que en medio del actual contexto político, dividido y altamente politizado, se busque superar la fragmentación social, re direccionando un enorme esfuerzo colectivo y cargado de acciones políticas, capaz de evidenciar desde la participación ciudadana la responsabilidad de transparencia de los gobernantes y la función pública para con los ciudadanos.
Observatorio Ciudadano Anticorrupción: Se hace notoria la necesidad de un espacio de consulta y monitoreo que integre a una diversidad de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la contraloría ciudadana y a representantes de la Academia, debidamente acreditadas, para el establecimiento y aplicabilidad de acciones favorables al combate de la corrupción y tendientes a erradicar la impunidad en este tipo de casos.
Es además importante recalcar que El Salvador forma parte de la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA) desde el año 2011, cuando se elaboraron cinco planes de acción co-creados con la sociedad civil, en los que se asumieron compromisos concretos para permitir una participación directa de la ciudadanía en la supervisión del gobierno. El período de ejecución del último plan elaborado finaliza en 2020 y hasta la fecha no hay indicios por parte del gobierno de retomar las 5 recomendaciones de AGA que nos permiten avanzar hacia una democracia más participativa.
Estas recomendaciones son: crear un mandato vinculante para promover la sostenibilidad de la pertenencia a AGA y el cumplimiento de los compromisos adquiridos; fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el foro de múltiples partes interesadas; sistematizar y redactar una metodología para el diseño de planes futuros; involucrar a las instituciones públicas más allá del poder Ejecutivo y asegurar financiamiento para el proceso de AGA en el Presupuesto General del Estado.
“Estos 4 ejes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas, como procesos de elección de funcionarios de segundo grado idóneos e independientes, y una selección de funcionarios aptos para los cargos en todas las instituciones públicas, combatiendo el clientelismo y los conflictos de interés”, manifestó Nuestro Tiempo.
“Nuestro objetivo es evitar que las experiencias de corrupción del pasado se sigan dando en el presente y en el futuro. No podemos esperar otros 5, 10 o 30 años para reclamar por los casos de corrupción actuales, es necesario comenzar ya a crear el país que merecemos. Está en nosotros decidir hasta cuándo dejaremos que la corrupción gobierne a El Salvador”, concluyeron.