La Sala de lo Constitucional informó este jueves que ha admitido una demanda en contra de un ex precandidato a diputado por Nuevas Ideas (NI) tras haber promovido la reelección presidencial, resolviendo que analizará si retirarle los derechos ciudadanos.
El precandidato, que perdió en las elecciones internas de NI, es José Jaime Lozano Durán y fue demandando por el ciudadano Salvador Anaya el pasado 10 de julio.
Anaya argumentó que Lozano realizó una de las cuatro acciones que señala la Constitución de la República como motivos para perder los derechos ciudadanos. El precandidato promovió la reelección presidencial en sus redes sociales, por ello el demandante adjuntó capturas de pantalla de Twitter y LinkedIn, así como un video de YouTube donde estaría dando dichas declaraciones.
Precisamente, el artículo 75 de la Constitución dice:
Pierden los derechos de ciudadano: 1º Los de conducta notoriamente viciada; 2º Los condenados por delito; 3º Los que compren o vendan votos en las elecciones; 4º Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyarla reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; 5º Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio.
En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperan por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.
Este hecho, tanto la demanda como la admisión de esta, podría catalogarse como histórica, puesto que la misma Sala señala que a pesar de tenerse esta competencia “reconocida desde la promulgación de la Constitución en 1983, hasta el día de hoy ningún ciudadano se había valido de ella para iniciar un proceso constitucional, por lo que era una competencia que nunca había sido ejercida por este tribunal”.
“El proceso de pérdida de los derechos de ciudadanía está orientado a ejercer un control concreto de constitucionalidad, pues lo que se está enjuiciando es una acción de un ciudadano capaz de colocar en riesgo el gobierno republicano y democrático salvadoreño. En este caso, las acciones concretas a enjuiciar, según la demanda, serían la de un ciudadano que ha proclamado, promovido o apoyado la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleado medios directos encaminados a ese fin”, justificaron los magistrados.
La Sala de lo Constitucional ha dado 20 días a José Lozano Durán para contestar la demanda en su contra.