Este 22 de octubre, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la organización Cristosal presentó el informe “Afectación del Desplazamiento Forzado en la Niñez y Adolescencia Salvadoreña”, revelando ahí que solo la PDDH en los primeros 8 meses de este año ha registrado 47 casos a nivel nacional.
La cifra de casos aumenta cuando se cruzan los registros o denuncias que han llegado específicamente al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) y a Cristosal, sumando así más de 100 desplazamientos forzados.
Ahora bien, el informe presentado este día se realizó del periodo octubre 2017 a febrero 2019, en el cual, de acuerdo con los registros de PDDH, hubo un total de 120 personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento fueron 50 más. En total, la institución constató un total de 170 personas afectadas durante el período estudiado, entre las cuales se encontraban niños, niñas y adolescentes.
El estudio señala que las principales causas por la que estos salvadoreños han tenido que huir de sus lugares de residencia son: el acecho de las pandillas, la actuación de los miembros de seguridad, especialmente de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando entran a los territorios y la violencia intrafamiliar.
De acuerdo al Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, Ulises Rivas, el desplazamiento forzado está afectando mayormente a los adolescentes.
«Persiste el desplazamiento a pesar de la reducción de homicidios, y la causa principal sigue siendo crimen organizado y en segundo grado actuación de cuerpos de seguridad cuando entran a territorios”, destacó en este contexto el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, haciendo referencia que desde que entró Nayib Bukele a la Presidencia, los índices de homicidios han bajado significativamente.
Un dato que llama la atención es que de los casos registrados por la PDDH, el 7% son causados por la misma Policía.
En este sentido, el informe señala: “El tema de la estigmatización de la adolescencia y juventud permea diversos ámbitos llegando a ser la causa de que existan casos de abuso de autoridad por parte de la policía y/o ejército esto porque, de acuerdo con la opinión de los adolescentes y jóvenes consultados, hay una predisposición a considerarlos como delincuentes o pandilleros por la forma de vestir, el estilo del cabello, por circular en horas nocturnas, entre otras. La estigmatización de estos grupos poblacionales no es exclusiva de los cuerpos de seguridad, ya que también se mencionó el accionar de un tercer agente agresor que son los grupos de exterminio, quienes los acosan o pueden llegar a asesinarlos como una forma de control social en contra de las pandillas”.
Cabe destacar que a comparación de otros años, las denuncias o casos reportados de desplazamiento forzado han disminuido; sin embargo, las organizaciones de derechos humanos señalaron que la baja se debe a los tiempos de pandemia y otras situaciones, como la falta de confianza en las instituciones que deberían velar por estos ciudadanos.
Por otra parte, las instituciones denunciaron que durante el gobierno de Nayib Bukele no se ha tenido una respuesta positiva para las víctimas y esto ha empeorado durante la emergencia por el COVID-19.
“A lo largo de los años, el tema de desplazamiento es un tema incómodo para los gobiernos, porque el hecho de que las personas huyen de la violencia, implica que las políticas de seguridad no están teniendo efecto”, apuntó el director de Atención a Víctimas de Cristosal, Abraham Abrego.
En El Salvador, tras años de reclamos para que las autoridades reconocieran el fenómeno y se luchara por una ley, los diputados discutieron por un año la normativa hasta que lograron aprobar la “Ley de atención y protección a las víctimas de desplazamiento forzado”, la cual entró en vigencia en febrero pasado. Pero, hasta el momento, se desconoce su verdadera aplicación por las autoridades correspondientes.