El presidente de la República, Nayib Bukele, regresó vetado a la Asamblea Legislativa el decreto de la «Disposición Transitoria sobre la concesión del transporte colectivo de pasajeros a causa del impacto económico de la pandemia por Covid-19», por considerarlo inconstitucional.
El decreto, aprobado el pasado 24 de septiembre, impedía terminar concesiones o permisos al transporte colectivo de pasajeros hasta finalizar su plazo original o su prórroga, es decir, tendría una vigencia de 6 meses.
En el veto, el mandatario afirmó que las disposiciones transitorias eran «una intromisión de las funciones que posee el Órgano Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte».
«En este orden se subvierte el orden jurídico… Se generaría un caos jurídico dado que la autoridad de policía en materia de transporte, a pesar de sendos, reiterados o graves incumplimientos a las condiciones originales de la licencia se vería imposibilitado a actuar”, dijo Bukele.
Además, argumentó que las licencias de transporte público no son automáticas y “están atadas a diferentes requisitos” o condiciones que deben cumplir los beneficiarios o transportistas. Asimismo, el mandatario dijo que “el legislador altera y destruye la aplicabilidad de las disposiciones jurídicas, bloqueando el ejercicio de las facultades de la autoridad de Transporteˮ.
El presidente Bukele concluyó que dicho decreto es inconstitucional por «violar la seguridad jurídica al anularse las facultades de control, se distorsiona el ordenamiento jurídico y supone una invasión clara y directa de los poderes de policía administrativa”.
La aprobación de este decreto se dio en medio del reclamo del diputado David Reyes de ARENA y bajo dispensa de trámite.
«Se está aprobando una iniciativa que no hemos conocido, lo que busca es blindar para que a los empresarios del sector transporte no se les pueda quitar la concesión hasta que finalice, no sabemos cuánto tiempo, haga lo que haga, es totalmente inconveniente», declaró ese día.
Por su parte, los demás diputados han defendido y asegurado que el decreto no impide sancionar a los transportistas.
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