Tras 4 días de obstaculizar el inicio de las inspecciones a los archivos militares por el caso El Mozote, este 15 de octubre el juez, la Fiscalía, los peritos y acusadores particulares lograron tener acceso al Archivo General de la Nación, una de las ochos sedes donde se ha ordenado hacer la diligencia.
Semanas y días anteriores, la Fuerza Armada de El Salvador impidió el acceso al Estado Mayor Conjunto, a la Fuerza Aérea, a la Segunda Brigada Aérea y a la Brigada de Artillería. Pero este jueves, se ha permitido el inicio de la inspección en el Archivo General.
Cabe destacar que el Archivo General de la Nación es dependencia del Ministerio de Cultura. El acceso fue completo y las partes involucradas permanecerán en la sala al público y tendrán apoyo de la biblioteca especializada en historia del Palacio para la revisión de documentos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDD) informó que el Archivo ha puesto a disposición tres cajas de documentos no clasificados, pero hasta ahora desconocen si habrían documentos que pueden servir en el proceso judicial.
Sin embargo, la querella del caso, David Morales, expresó que los documentos que puedan estar en el lugar son «menos relevantes para el proceso». «Debemos recordar que los archivos que aquí se encuentran no son archivos secretos, son archivos de acceso público, investigadores y litigantes han podido ver este tipo de documentación antes y, por lo tanto, sabemos que es información de menos relevancia, que tiene menos peso, menos utilidad como prueba para el juicio», indicó.
Por ahora, la inspección de archivos militares en el Archivo General no tiene plazo de culminación. Una de las peritos pidió al director del palacio sacar los documentos de la bodega para verificarlos.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado, pero esta se ha topado con la negativa del actual presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.