El Juzgado 7º de Instrucción de San Salvador ordenó el martes enviar a juicio a 10 personas que habían sido sobreseídos (absueltas) en el caso Destape a la Corrupción, donde se les vinculan a delitos de Lavado de dinero y zctivos cometidos por el expresidente Antonio Saca.

Los imputados son publicistas y exmiembros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). La audiencia especial  se realizó debido a un recurso de apelación de parte de los fiscales del caso y la posterior resolución de la Cámara Primera de Lo Penal de la Primera Sección del Centro, que revocó el sobreseimiento que se había dictado en septiembre de 2019.

La Fiscalía General de la República había pedido una audiencia para despuntar más pruebas y así fueran revisadas por el juzgador.

El juez dio medidas sustitutivas a la detención a todos los acusados, las cuales son: presentarse cada 15 días al Tribunal designado, mantener la caución económica que van de los 20 mil a 250 mil dólares, no cambiar de domicilio y la prohibición de salir del país.

Asimismo,  ratificó la inmovilización de bienes y productos financieros a nombre de los imputados y las sociedades AMLE, Funes Asociados S.A. dentro de estas todas agencias de publicidad; así como el Grupo Radial Samix, Tóchez Hernández, Radio Usuluteca y Estéreo 94, las cuales son propiedad del expresidente Saca.

Los publicistas y exmiembros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) son: Oscar Edgardo Mixco Sol (hermano de la ex primera dama), Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes (todos del OIE); y los publicistas, Julio Roberto Zamora Bolaños, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún, por atribuírseles el delito de lavado de dinero y de activos.

Y Milton Romeo Avilés Cruz, un empleado de Casa Presidencial, está siendo acusado de casos especiales de delito de encubrimiento de lavado de dinero.

El caso será llevado al Tribunal 4° de Sentencia, donde actualmente es acusada la esposa de Saca, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, por lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero y activos.

La Fiscalía acusó a los procesados de blanquear un aproximado de 22 millones de dólares, provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al expresidente.

El informe fiscal señala que los empleados de la Casa de Gobierno emitieron contratos de publicidad gubernamental a favor de las agencias cuestionadas, por órdenes de Saca, y, a través de este beneficio, los publicistas aprovecharon para insertar los fondos a radios propiedad de Saca.

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