La Sala de lo Constitucional informó este lunes que admitió una demanda de amparo presentada por la apoderada legal de la empresa INTRATEX S.A. de C.V., luego que en agosto su representante legal fue acusado por el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de evadir impuestos por más de $5 millones.
La abogada argumentó que en este caso se habrían omitido dos procesos: «No haber emitido una resolución final en el procedimiento administrativo de fiscalización del impuesto sobre la renta –iniciado respecto de su mandante– referente al ejercicio impositivo 2017; la inminente omisión de emitir resoluciones de fondo en los procedimientos de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios impositivos 2018 y 2019».
En otras palabras, el Ministerio de Hacienda no culminó el debido proceso de tasación de impuestos para el cobro de los mismos, el cual debía finalizar con una resolución de fondo en el procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta en el que se investigó el comportamiento tributario en el contexto del ejercicio impositivo 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código Penal, y se fue de un solo a interponer el aviso a la Fiscalía. Es así que la empresa alega que se le han vulnerado los derechos a obtener una resolución de fondo, de seguridad jurídica, de propiedad y a recurrir, además del principio de legalidad penal.
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda y señaló que en su proceso analizará si los funcionarios de Hacienda concluyeron o no “el debido proceso de las diligencias administrativas de cálculo de los impuestos respectivos antes de enviar el aviso a la Fiscalía General de la República sobre la presunta existencia de un ilícito“.
Por lo anterior, los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una medida cautelar para que se suspenda el proceso penal y la Fiscalía deberá de abstenerse de presentar requerimientos fiscales referente al delito de “evasión de impuestos por declaración de información falsa o inexacta” relacionados con las investigaciones tributarias que actualmente se encuentran en curso, esto hasta que culmine y se de una resolución en este proceso de amparo.
Cabe destacar que los magistrados aclaran en su resolución que al admitir esta demanda no se está afectando “en forma alguna una obstaculización a la función de recaudación fiscal llevada a cabo por las autoridades demandadas».
«Este pronunciamiento no implica, en ninguna medida, que se impida a las autoridades estatales competentes realizar su labor de cobro y recaudación de impuestos ni de interponer los avisos correspondientes a la Fiscalía General de la República hasta haber concluido el procedimiento administrativo conforme lo determina la ley», recalcó.
Presidente Bukele abandera caso y reprocha admisión de amparo
El caso de INTRATEX fue muy reconocido porque el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la empresa es propiedad del presidente de la ANEP, Javier Simán. Además, que el día de la captura, la Policía montó una gran conferencia de prensa para presentarlo.
Este día, Bukele reaccionó porque se admitió la demanda. «La Sala nos acaba de informar que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los Simán, que ellos son intocables y que los impuestos solo son para los pobres, los que no pueden sobornar. Magistrados corruptos (sí, esos mismos que dicen velar por la constitución)», arremetió Bukele contra la Sala.
«Parece que no solo están todos unidos, sino que ya no les interesa disimularlo. El sistema se auto protege, sabe que está herido de muerte y como dijo Rodolfo Parker hoy en la mañana, ‘tienen la esperanza de salvarlo’, agregó.
Las demandas o señalamiento de INTRATEX básicamente están en concordancia con lo que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió la semana pasada en este caso: sobreseyó de forma definitiva a Manuel Ernesto Daura Mijango, representante de la empresa.
¿Las razones? Los magistrados afirmaron que la sociedad, en su declaración de la renta de 2017, manejó información inexacta que materializó en el formulario de declaración de la renta al seleccionar la casilla “rentas no gravadas”, lo que hizo que el sistema no especificara que tenía que pagarle al Estado la suma de $5,336,293.33, porque los ingresos debían ser gravados.
La Cámara citó un informe de fiscalización del mismo Ministerio de Hacienda, quienes concluyeron que las inconsistencias «incurren en una evasión no intencional de parte del declarante, porque fueron declarados indebidamente y de forma incorrecta”.