Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele acusaron este lunes a las dos administraciones del FMLN por anomalías de hasta $120 millones en la construcción del Hospital Regional de San Miguel.
La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, explicó que los exdirectores de esa institución, Leonel Flores y Ricardo Cea, habrían «negociado con la Oficina de las Naciones Unidas para Prestación de Servicios (UNOPS) acuerdos que quitaron autonomía al ISSS» sobre el proyecto del Hospital Regional de San Miguel.
El acuerdo se estableció sin la autorización del presidente de la República y Cancillería, obviando los mecanismos para ser supervisados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
«Estos acuerdos no sólo han sido ilegales, si no sumamente lesivos para las finanzas del ISSS. Esta corrupción asciende a $120 millones, los cuales han sido tomados de las aportaciones de los derechoambientes», indicó Ayala.
Según dijo la actual directora del ISSS, fue en el gobierno de Mauricio Funes que creó esta «estructura de corrupción para extraer millones de dólares de los trabajadores». «En 2015 se instruyó al ISSS para ejecutar un acuerdo complementario $59.4 millones para la construcción del hospital, el acuerdo dejó sin herramientas al ISSS para poder intervenir en la obra y hacer reclamos de cualquier tipo. Repitieron esa operación varias veces, subiendo cada vez los montos», detalló.
La empresa involucrada en este caso es IBT y, según dijo, está relacionada en varios casos de corrupción en más de 5 países.
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, criticó que el Consejo Directivo del ISSS no haya informado de las supuestas irregularidades.
Ante esto, Castro anunció que este martes interpondrán un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los funcionarios no detallaron cuáles delitos se podrían configurar en este caso, pues el secretario dijo que la FGR «deberá decidirlos, así como a los responsables directos».
Mónica Ayala también informó que el Hospital Regional de San Miguel debía estar terminado en el primer trimestre de 2019, pero a la fecha la empresa ha hecho un avance del 98%. Además, hay varias afectaciones en los edificios ya construidos, como filtraciones de agua, instalaciones de aires acondicionados en áreas no aptas, entre otras, sumando un total de 824 hallazgos.