Luego que la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la colocación de títulos, préstamos y donaciones en el marco de la pandemia del COVID-19, así como el uso de estos fondos, acordara certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el posible cometimiento de delitos del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, por no cumplir la orden de llevar a la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estos funcionarios del gobierno central han reaccionado.
Los diputados acordaron también estudiar una interpelación en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. En ese sentido, el funcionario dijo: «Estará interesante esa interpelación».
«Talvez allí logro que discutamos los fondos para nuestros productores agrícolas y los medicamentos e insumos del Hospital El Salvador que los diputados tienen secuestrados», manifestó en sus redes sociales, haciendo referencia a los préstamos que la Asamblea Legislativa aún no ratifica.
Según el ministro de Hacienda, la interpelación sería «por un día de retraso en salarios de los diputados». Los fondos para el pago de todo el Órgano Legislativo aún no se realizan, llevando un retraso de 12 días, puesto que al sector público le pagan antes del fin de mes.
Más tarde en una conferencia de prensa, Zelaya, quien andaba «verificando» los trabajos de construcción del parque eólico, ubicado en Metapán, reiteró que «no perderá su tiempo con los diputados», pues él está para «trabajar con el pueblo».
Luego, declaró: «Yo le he dicho (a la Comisión) que voy a llegar voluntariamente, pero cuando tenga tiempo. Ahorita estoy trabajando».
«Que ellos promuevan la comisión de antejuicio, la interpelación y que promuevan la destitución, es algo que a mí no me preocupa», agregó.
Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, protestó porque los diputados no recibieron la nota donde intentó justificar el por qué no realizó el procedimiento contra el ministro y donde proponía programar la convocatoria.
«Obviando los artículos 167 ordinal 3 y 131 ordinal 8 de la Constitución, además el artículo 272 del Código Procesal Penal, la Comisión Especial arbitrariamente no admite la sugerencia (respaldada por ley) de reprogramar la convocatoria hacia el Ministro de Hacienda», señaló en su cuenta de Twitter.
«Quedan demostradas las intenciones de los diputados de interpretar y aplicar las leyes a su conveniencia», añadió.
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