La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el martes que la jueza, que depura la etapa de instrucción del denominado “Caso El Chaparral”, ordenó un millonario embargo ($227.6 millones) en contra de los bienes de la empresa constructora italiana Astaldi.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, afirmó que dicha resolución fue el resultado de «las gestiones de la institución que dirige».
Explicó que entre los $227.6 millones están incluidos “$111 millones por energía no producida, $54 millones por gastos financieros, que son los intereses bancarios y el debido capital de ese dinero que fue mal habido”.
«Con esta resolución se está “demostrando todo el dinero que se apropiaron en El Chaparral de forma indebida. Es importante dar a conocer esta noticia, ya el Juzgado de Instrucción avaló este embargo. No vamos a perdonar ningún acto de corrupción», advirtió el titular de CEL.
El gerente legal de CEL, Orlando Quijano, confirmó que el proceso de embargo será aplicado a la empresa ASTALDI en su sede en Roma, Italia, y consistirá en “todo un proceso de asistencia internacional en donde la Corte Suprema de Justicia es la encargada de darle trámite, de acuerdo a lo que mandata la Constitución” de la República. “Una vez que la resolución salga de la Corte Suprema de Justicia, será tramitada por la vía diplomática por nuestra cancillería que, a su vez, se comunicará con la cancillería italiana”, agregó.
Señaló también que “en el trámite que se va a desarrollar en Italia, las instancias correspondientes podrían ser el Ministerio Público y también los tribunales italianos”, que van a ser encargados de darle cumplimiento a la orden emitida por el tribunal salvadoreño.
“En los delitos de corrupción, lo importante es recuperar los fondos robados y, sobre todo, porque son fondos públicos. El compromiso de la querella era, una vez demostrados los montos, que la (constructora) italiana respondiera en calidad de responsabilidad civil”, destacó.
El titular de CEL añadió que el mandato del presidente de la República “es recuperar cada centavo que los malos gobiernos de ARENA y FMLN se robaron».
La obra, iniciada en el 2008, registró en ese entonces una inversión estimada de $216 millones, pero irregularidades de las últimas tres administraciones incrementaron la cifra a $700 millones.