La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad continuaron el miércoles con el estudio del anteproyecto de Ley de Protección a la Persona Adulta Mayor, alcanzando acuerdo en el articulado, entre ellos, lo referente a los deberes generales de las instituciones públicas, incluidas las municipalidades, así como las políticas y normas que garanticen la atención en salud, nutrición y rehabilitación en forma integral.
Uno de los acuerdos alcanzados es que «no se pueda exigir una edad máxima a la hora de aplicar a un empleo, lo cual es muy importante porque aún en pleno Siglo XXI sigue existiendo discriminación hacia el adulto mayor, pudiendo explotar su capacidad, su experiencia y conocimiento”.
El diputado David Reyes detalló que se ha “trabajado en un capítulo específico al tema de derechos y deberes que van a tener los adultos mayores cuando se apruebe y entre en vigencia la ley. «Esto sin duda alguna le dará un salto en su calidad de vida, como por ejemplo que todas las instituciones, sean públicas o privadas, se brinde un trato preferencial en todos los aspectos”, agregó.
La nueva propuesta tiene a la base 10 iniciativas, incluyendo una iniciativa gubernamental, en donde establece que el Estado se constituya en el principal garante de la implementación de leyes, planes y programas dirigidos a la atención integral de las personas adultas mayores, por lo que se debe de fortalecer el rol de la familia y la sociedad para procurar la inclusión social de este grupo poblacional.