Dándole seguimiento a la situación generada por la pandemia del COVID-19 en El Salvador, los diputados que conforman la Comisión de Salud recibieron el lunes al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien brindó un informe de las atenciones brindadas, revelando que de marzo a septiembre han atendido 1811 denuncias de afectaciones a derechos humanos.
De las 1,811 denuncias, 687 fueron contra la libertad personal; 393 por vulneraciones a los derechos a la salud, como denegación de atención médica, negación a pruebas de COVID-19, falta de atención de otras enfermedades y tratamientos como efectos colaterales; 242 se refieren al derecho al trabajo, como suspensión de contratos, falta de insumos médicos, falta de pago de salarios y prestaciones.
Por otra parte, 164 casos han sido por vulneraciones al derecho al agua, alimentación y no discriminación.
“La pandemia del COVID-19 ha venido a desnudar las deficiencias en el sistema de salud público”, precisó en el seno de la mesa de trabajo el titular de los derechos humanos, a la vez que externó su preocupación por la alta cifra de fallecidos entre el personal de salud debido a su labor en el marco de la pandemia.
El procurador informó que detectaron “improvisación” en el manejo de la pandemia, pues no se implementó un plan para atender a pacientes contagiados del nuevo coronavirus.
“Nunca se estableció los hospitales de positivos, nexos y sospechosos, si no que se tuvo que esperar a que apareciera un caso para utilizar un área del Hospital Saldaña; tuvieron positivos, sospechosos y nexos, juntos, y se generaron denuncias en redes sociales y llegaron Amparos en la Sala de lo Constitucional”, recordó.
“Tampoco había atención adecuada de doctores, enfermeras y empleados sanitarios, que resultaran contagiados. Y en esa dinámica se perdieron muchas vidas, conocimiento incalculable… Asimismo, lamentablemente elementos de seguridad sufrieron la improvisación generalizada, policías y militares contagiados no tenían los insumos necesarios para protegerse y tampoco fueron capacitados para manejar a los posibles contagios”, agregó.
Tras la presentación del funcionario, los diputados de los grupos parlamentarios externaron su preocupación sobre distintos temas –relacionados con la emergencia-, uno de ellos fue la problemática generada en el Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” donde se reportó el fallecimiento de adultos mayores y personal administrativo.
Al respecto, el procurador Tobar informó a los parlamentarios que no descarta presentar en los próximas horas una resolución final referente a lo acontecido en dicha institución.
La comisión en mención, de forma conjunta también recibió a Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), quien brindó una valoración de la situación actual del gremio en el contexto de la emergencia nacional.