Luego que la Fuerza Armada por una «orden superior» impidieron el acceso al juez Jorge Guzmán, fiscales, acusadores particulares y peritos, al Estado Mayor Conjunto para la inspección de archivos militares por la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes la obstrucción y desobediencia de a una entidad judicial.
«La CIDH condena la obstrucción del Ministerio de la Defensa a la inspección ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera a los archivos ubicados en el Estado Mayor Conjunto, en el marco del proceso criminal del caso El Mozote», expresaron en redes sociales.
La CIDH recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a El Salvador «adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, con el fin de asegurar el acceso a la justicia y derecho a la verdad».
En este sentido, la Comisión exhortó al gobierno de Nayib Bukele cumplir las decisiones judiciales, «garantizando así el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales».
A las demás autoridades del país, la CIDH les pidió establecer una investigación por la negativa del gobierno a cumplir dicha orden.
Ayer, el Coronel Carlos Vanegas fue el encargado de informarle al juez Jorge Guzmán que no le permitirían la revisión de los archivos militares. Tras obstaculizar las diligencias, todos los involucrados en el caso levantaron un acta.
El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre de El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Esta no es la primera vez que un gobierno impide diligencias en información militar , pues el bloqueo se mantuvo también en los 10 años del gobierno del FMLN.