La Unidad de delitos relativos a la Vida de la oficina Fiscal de San Salvador presentó el martes un requerimiento de acusación en contra de ocho miembros de tres sindicatos adscritos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los delitos de Desórdenes Públicos y Ejercicio Violento del Derecho.
Los involucrados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, a quien se le suma la imputación por Apología del Delito; Roxana Estela Gómez De Joma, Domingo De Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar. Todos acusados de ambos delitos primeramente mencionados.
Las investigaciones de la Fiscalía se centran en varios hechos realizados en diferentes fechas detallados de la siguiente manera: el primero de ellos se establece el 19 de marzo de 2020, donde miembros de las organizaciones SITTOJ, SINEJUS y SEJES 30 DE JUNIO, de manera simultánea, cerraron los accesos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo la entrada de empleados y usuarios a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia de San Salvador, el Palacio Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador, entre otros a nivel nacional.
El segundo acontecimiento se registró el 10 de junio de 2020, donde Revista Rectum difundió un video en el que observa a una persona del sexo masculino, quien se identificó como Roswal Solorzano, haciendo un llamado a varios movimientos, organizaciones sociales, laborales, a la sociedad civil, al pueblo salvadoreño, a la “insurrección popular”.
En la plataforma pidió a todos “salir y ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional”. Dicho mensaje fue recibido por distintas organizaciones sindicales, quienes el día 11 de junio del presente año, atendieron el llamado y realizaron acciones de protesta durante más de seis horas, en la Alameda Juan Pablo, obstruyendo la libertad de tránsito de la población en general, bloquearon los accesos al Instituto de Medicina Legal y a los edificios antes señalados.
Dichas acciones se repitieron en fechas 25 de junio del presente año, quienes cerraron los acceso del Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, afectando la celebración de audiencias y diligencias judiciales.
El 29 de junio de este año, también se dio el cierre del Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, sin embargo, esta acción solo fue realizada por el sindicato SINEJUS y SEJES 30 DE JUNIO, afectando la celebración de audiencias y diligencias judiciales.
El requerimiento de acusación fue presentado al Juzgado de Paz de turno en la capital, quien decidirá fecha y hora de la intimación de los involucrados y posterior audiencia.