Con 56 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa aprobó la Comisión Especial para investigar la colocación que ha hecho el Ejecutivo de títulos valores y préstamos en los mercados nacionales e internacionales, así como transferencias presupuestarias y el destino de los fondos en el marco de la pandemia del COVID-19.
La Comisión estará integrada por: el diputado René Portillo Cuadra (ARENA), Yanci Urbina (FMLN), Rodolfo Parker (PDC), Martha Evelyn Batres (ARENA) y Anabel Belloso (FMLN).
La jefa de fracción del FMLN explicó que acompañaron la creación de esta Comisión Especial por «la poca colaboración de las instituciones del Ejecutivo en la entrega de sus informes». «Las personas no pueden estar vigilando como se usaron esos fondos, pero hay instituciones que sí», agregó.
El objetivo de esta instancia será de: investigar la colocación de los fondos de LETES, bonos y demás títulos valores emitidos por el país para ser invertidos en los fines y usos que fueron autorizados por la Asamblea Legislativa; indagar si el ejecutivo ha realizado transferencias de partidas presupuestarias entre distintos ramos, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando no existen líneas presupuestarias; e investigar el destino de todos los fondos aprobados por los diputados en el marco de la pandemia.
Hasta el 12 de agosto, el Gobierno salvadoreño había adquirido $1,462.4 millones de dólares en deuda a corto plazo, utilizando LETES (Letras del Tesoro), según el Ministerio de Haciendan. Este mecanismo es como la tarjeta de crédito de un Gobierno, el cual no necesita aprobación de la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, de la deuda autorizada por la Asamblea Legislativa desde marzo, los $3 mil millones, el Ejecutivo solo ha tenido a su plena disposición $389 millones, parte de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El resto de los fondos que ha logrado conseguir Hacienda siguen estancados en las ratificaciones o asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa.
De esos $3 mil millones, el Gobierno central tendría que empezar a pagar la deuda de corto plazo.
