El director general de Centros Penales, Osiris Luna, gastó ilegalmente $8.5 millones provenientes de las tiendas penitenciarias, conocidas como Tiendas Institucionales, durante diez meses, ignorando o violando así los mecanismos de fiscalización y control que la misma administración del presidente Nayib Bukele creó, así lo revelaron documentos de la Unidad de Acceso a la Información Pública obtenidos por Revista Focos y Revista Factum.
Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, sin ser reportado y depositado al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) usó más de $8 millones de los fondos obtenidos por los depósitos que las familias de los reos entregan para el consumo en las cárceles.
Según el Reglamento General de la Ley Penitenciaria, con reformas aprobadas por la Presidencia de Bukele, ese dinero debe ser enviado al Ministerio de Hacienda bajo el concepto de » Fondos Ajenos en Custodia».
Para que los fondos sean legalmente usados, los privados de libertad primero deben gastarselo y luego Centros Penales puede pedir la devolución para ser utilizado en abastecer nuevamente las tiendas u otros ya regulados por el artículo 154-k del Reglamento.
Foto: información entregada por Centros Penales
Sin embargo, Hacienda reveló, a través de una solicitud de acceso a la información pública hecha por Focos y Factum, que hasta el 23 de junio de este año no existían registros de esos fondos. «Esta Dirección General no ha recibido transferencia de dinero, bajo el concepto solicitado por el ciudadano, por ende no existen oficios que documenten dichas transacciones», reza la respuesta de la Dirección General de Tesorería de Hacienda.
Si bien no los reportó/entregó a Hacienda, el dinero sí fue gastado, así lo revela otra solicitud de acceso a la información hecha al mismo Centros Penales. Según los documentos, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, al Fondo Único de Tiendas Institucionales ingresaron $9,906,658; de ese total, la Dirección hizo gastos por $8,599,311.58.
«La DGCP no detalló qué hizo con el excedente, $1,307,347.27, si ya fue gastado o si se depositó en otra cuenta de la institución», detalló Revista Factum.
Foto: información entregada por Centros Penales
Fue hasta julio de este año que Centros Penales reportó a Hacienda $418,410.40 provenientes de fondos remitidos a favor de los privados de libertad, un monto que solo representa el 5% de lo ingresos en esos 10 meses.
El no reportar y entregar los fondos no es la única violación que cometió el director al Reglamento, ya que este también establece que para que la DGCP use esos fondos se debe crear una Comisión integrada por él, un representante de la Policía Nacional Civil, Hacienda y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Hasta la primera semana de julio de 2020, esta Comisión no estaba conformada.
«Tampoco hemos tenido la posibilidad de hacer un proceso de selección de cada una de ellas, por lo que nos declaramos incompetentes”, respondió Centros Penales sobre el pedido hecho por Factum a las hojas de vida de los integrantes de dicha Comisión.
Foto: información entregada por Hacienda
Al respecto, Focos buscó a Osiris Luna para que explicara la situación, sin embargo se negó a responder y solo dijo que en el Portal de Transparencia «han manejado todo».
Por otra parte, la Dirección de Centros Penales realizó otra violación al reglamento: permitió el ingreso de cantidades de dinero no autorizadas a los reos. «De acuerdo con la información entregada por la DGCP, entre septiembre de 2019 y junio de 2020, hubo depósitos de hasta $300 cuando el máximo, no acumulable, es de $150 por cada reo», indica el reportaje de Factum.
La Presidencia de Nayib Bukele reformó el reglamento de la Ley Penitenciaria y estableció mecanismos de control para evitar el uso irregular de los fondos de las tiendas penitenciarias, ya que en administraciones anteriores hay señalamientos de uso irregular.
Los exdirectores Nelson Rauda (junio de 2009 a junio de 2013) y Rodil Hernández (junio de 2013 a mayo de 2017) fueron capturados en mayo de 2017, acusados de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. La Fiscalía los acusó de hacer mal uso de $208,393.19.
El 24 de septiembre de 2019, Hernández y Rauda fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, ya que el juez argumentó que en sus administraciones no existía una legislación para el correcto uso de los fondos de tiendas institucionales. Sin embargo, el pasado 4 de julio, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó repetir el juicio en contra de los dos exfuncionarios.
Este caso cuestionable de Osiris Luna no ha sido el único, puesto que desde inició su administración ha estado envuelto en otros hechos polémicos o irregulares, tal es el caso del viaje en jet privado y la contratación de un falsificador de documentos en la institución que dirige.