Parte del sector transporte público de El Salvador anunció este martes que no iniciarán operaciones el próximo 24 de agosto si el Gobierno del presidente Nayib Bukele no toma en cuenta sus peticiones, encaminadas a minimizar el golpe financiero que ha sufrido.
“El gobierno ha dejado completamente desprotegido a este sector, nos ha tenido paralizados durante 4 meses y hoy nos quieren sacar a trabajar como si nada hubiera pasado”, señaló Genaro Ramírez, representante del sector trasporte, en una conferencia de prensa realizada esta mañana.
Ramírez aseguró que la cantidad de usuarios no será la misma, por ende las ganancias serán menores, y el Gobierno central les está exigiendo que salgan cobrando la misma tarifa y solo les darán una compensación de $400 (por bus) y $200 (por microbús), misma que el Ejecutivo no ha otorgado desde el mes de mayo.
“Ayer (lunes) tuvimos una reunión con ellos y nosotros le dijimos que no teníamos la potestad de aceptar esa propuesta si no era aprobada por la Asamblea General (de este sector) y, como ustedes han visto, las bases han dicho que no aceptan esa propuesta y no estamos dispuestos a salir trabajar el día 24 de agosto”, informó, en presencia de varios trabajadores de este sector.
“Mientras el Gobierno no tome la seriedad de darle un apalancamiento a este sector, de responder todos los daños que ha causado esta situación, nosotros no vamos a salir a trabajar. Manifestamos la voluntad de seguir en un diálogo, pero que exista la voluntad política de resolver la problemática de este sector”, agregó.
Genaro Ramírez indicó que son aproximadamente 240 mil personas las que dependen de este sector, es decir, esta es su fuente de empleo.
Sobre amenazas del Gobierno
Sobre las amenazas que ha hecho en algunas ocasiones el presidente Bukele y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, de decomisarles las unidades o nacionalizar el transporte, el representante del transporte explicó que si lo quieren nacionalizar, “la Constitución de la República ya tiene los parámetros» y los «tienen que indemnizar antes de hacerlo”.
Sobre el tema del decomiso de las unidades y quitar los permisos de línea, Genaro Ramírez señaló que no pueden hacerlo porque ya hay fallos de la Sala de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo.
“De hecho, nos han tenido parados de una forma ilegal y quienes podemos demandar al Gobierno somos nosotros, por los daños y perjuicios que han causado”, agregó, haciendo referencia a que la prohibición de la no circulación del transporte colectivo se hizo mediante Decreto Ejecutivo, algo que la Sala aclaró en sus últimas sentencias que no se puede realizar, la única forma es que la Asamblea Legislativa regule por medio de una ley formal.
Los transportistas concluyeron que Obras Públicas debería dar la compensación económica directamente a los usuarios y dejarlos a ellos cobrar «una tarifa técnica». El sector no detalló cuál sería el cobro, ya que deben «actualizarla» pero que años atrás rondaba los 50 y 60 centavos en el área urbana.