Personal médico del Área Metropolina de San Salvador denunció, por medio de ALAC-FUNDE, al ministro de Salud, Francisco Alabí, ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por el impago de sus servicios profesionales. Los profesionales fueron contratados por la pandemia del covid-19.
ALAC-FUNDE explicó que los contratos están a nombre del ministro de Salud, por lo que él estaría infringiendo el artículo 6, literal i, de la Ley de Ética Gubernamental, el cual señala como «prohibiciones éticas»:
“Retardar sin motivo legal la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que le corresponden según sus funciones. Se entiende por retardo cuando una persona sujeta a la aplicación de esta Ley difiriere, detiene, entorpece o dilata la prestación de los servicios, trámites y procedimientos administrativos no acatando lo regulado en la ley, en los parámetros ordinarios establecidos en la institución pública o, en su defecto, no lo haga en un plazo razonable”.
Fueron al menos 148 personas las contratadas el 20 de marzo y, tras una inducción breve, empezaron a laborar el 24 de ese mismo mes, por un periodo de tres meses, aunque luego el contrato se dio por un mes más. El personal fue ubicado en diferentes hospitales y clínicas del área metropolina, tal es el caso de: Unidad de Salud Zacamil, Unidad de Salud Mejicanos y Unidad de Salud Barrios.
A la fecha, el personal denunciante no ha recibido la totalidad de honorarios correspondientes a sus servicios profesionales, sin que conozcan oficialmente un argumento o justificación oficial y legal por parte del contratante, según reza el documento presentado ante el TEG.
Ante esto, los denunciantes solicitan que sea investigado el caso y si el ministro Alabí ha transgredido la Ley de Ética Gubernamental, pues que sea sancionado.
FOTO: parte de la denuncia presentada en el TEG