13 organizaciones de la sociedad civil pidieron este viernes al fiscal general, Raúl Melara, que cumpla su “rol fiscalizador” y actúe pronto ante los posibles actos de corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele.
“Manifestamos nuestra preocupación por los indicios de posibles actos de corrupción en el Gobierno (de Bukele), sin que a la fecha se aprecien acciones contundentes por parte de los órganos de control e investigación para corregir esta situación”, expresaron por medio de un comunicado.
Las 13 organizaciones recordaron que en el Gobierno central ha existido un “rechazo permanente a la transparencia activa y la rendición de cuentas en varios ámbitos de la gestión pública, visibilizándose con más fuerza en el contexto de la emergencia del covid-19”, tal es el caso de retrasar la entrega de información de todo lo realizado y gastado a la Corte de Cuentas de la República, impedir el adecuado funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como el pedido que el Ejecutivo hizo a la Asamblea Legislativa de poner “reserva” al gasto de los $2 mil millones para la pandemia.
En las últimas semanas, diversos medios de comunicaciones nacionales e internacionales han revelado posibles actos de corrupción en el Gobierno en el contexto de la pandemia. El primero caso fue la compra de caretas con sobreprecio al expresidente del FONAES, Jorge Aguilar, pese a que a las leyes, además, impiden que funcionarios sean contratistas del Estado; luego la compra de mascarillas a empresas de diputados, específicamente a Gustavo Escalante, disidente de ARENA y cercano al Gobierno; compra de botas para el personal médico a una empresa de la familia del ministro de Salud, Francisco Alabí, así como insumos de “uso no médico”.
Ante esto, las organizaciones piden:
- Al presidente de la República, Nayib Bukele, poner a disposición de la población, prensa y Corte de Cuentas toda la información relacionada al uso de fondos públicos utilizados para la pandemia y tomar las medidas para garantizar un manejo transparente de los mismos;
- A la Asamblea Legislativa le piden utilizar las facultades de control político para que cite a los funcionarios de las instituciones en que se ha dado las irregularidades señaladas, para deducir responsabilidades y proceder según corresponda;
- A la Corte de Cuentas, continuar con su labor de fiscalización de los fondos públicos, demostrando agilidad e independencia en los procesos y certificando a la Fiscalía cualquier ilegalidad;
- Por último, exigen al fiscal general cumplir su rol fiscalizador, investigar las irregularidades identificadas y judicialice los casos por la gravedad que revisten.
