Luego de las protestas que hizo el personal médico el 9 de julio en diferentes puntos del país, el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, hizo un llamado este viernes al ministro de Salud, presidente de la República, diputados y Sala de lo Constitucional para que cumplan las demandas del sector encargado de cuidar a los ciudadanos del covid-19.
El jueves, personal de enfermería y médicos salieron a manifestarse para exigir a los diputados la aprobación de una cuarentena nacional de 15 días y al presidente Nayib Bukele, y ministro de Salud, Francisco Alabí, la entrega del seguro médico de vida, realizar más pruebas y equipos de bioseguridad adecuados para atender a los pacientes de covid-19.
Ante esto, Tobar, en primer lugar, exhortó a Alabí a presentar un plan de abordaje a la pandemia que incluya equipar adecuadamente al personal médico, para evitar que dicho sector siga contagiándose.
“En más de una oportunidad he denunciado que la improvisación ha sido contaste en las medidas adoptadas por el Gobierno en el abordaje de la pandemia (…). La desesperación del personal de Salud ya es visible ante la ausencia de un plan gubernamental integral para hacerle frente a la pandemia”, señaló en un comunicado.
A su vez, al mandatario salvadoreño le pide priorizar en su retórica «el diálogo, con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y capacidad de concertación que caracteriza a un buen estadista”.
Ayer, Bukele reaccionó a las protestas de los médicos, en cuanto al tema del pedido de la nueva cuarentena, que sigue estancada en la Asamblea Legislativa, pero omitió los señalamientos de los seguros médicos -que fueron aprobados por ley y los fondos ya se reorientaron al ramo de Salud- y el pedido de equipos de bioseguridad.
El procurador también hizo un llamado a los diputados para que discutan y aprueben una normativa que cumpla los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional en sus últimas sentencias.
Por último, Tobar pidió a la misma Sala de lo Constitucional que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, “generen el mecanismo correspondiente de seguimiento para verificar el cumplimiento” de sus sentencias.