La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que se había dado por el Decreto Legislativo 620, el cual obliga al Estado a proporcionar un seguro de vida y capacitación al personal de Salud que combate la pandemia del covid-19.
Nayib Bukele vetó el decreto el mes de abril argumentando que era “inconstitucional”, porque existía una supuesta “violación al principio de equilibrio presupuestario», ya que con ello se introducía “una obligación al Estado sin proporcionar o identificar la fuente de financiamiento, dado que la declaración establecida en el artículo 4 implica una erogación de recursos del gasto corriente sin hacer una estimación o estudio del impacto y los egresos derivados de dicha medida».
Sin embargo, este día la Sala indicó que es constitucional porque “la normativa no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretizado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al gasto y la fuente de financiamiento respectiva en el proyecto del presupuesto general de la nación, de acuerdo a las posibilidades razonables de la situación”.
El mandatario salvadoreño también había dicho que el decreto se aprobó mediante dispensa de trámite, por lo que el Ejecutivo no pudo hacer observaciones, estudios ni proyecciones. En este sentido, los magistrados indicaron que la competencia para legislar por parte de la Asamblea Legislativa “no interfiere, ni es excluyente con la competencia del Órgano Ejecutivo para formular la política nacional de salud ni obstaculiza su facultad normativa reglamentaria en dicho ámbito”.
Es así que la Sala ordenó: “Certifíquese la presente sentencia al presidente de la República para que sancione y publique en el Diario Oficial el decreto legislativo objeto de esta controversia”.
El Decreto 620 declara que el trabajo de estos profesionales de la salud es fundamental, por lo que es un bien público que debe ser protegido por el Estado.
En este sentido, obliga a darles un seguro de vida que permita la seguridad social de sus familias. También, se deberá garantizar que cada uno de los profesionales de la salud los equipos de protección necesarios para enfermedades de alta transmisibilidad como el COVID-19, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quedando prohibido el uso de trajes quirúrgicos y batas verdes al momento de atender a pacientes sospechosos o con contagio comprobado de coronavirus.
Asimismo, se expresa que el Gobierno de la República está en la obligación de capacitar a los profesionales y trabajadores de la salud en el manejo de pacientes con enfermedades altamente transmisibles como el COVID-19 y en el control de las mismas.
Tan solo unos minutos antes de la resolución de la Sala, el presidente Nayib Bukele informó que presentarían una reforma presupuestaria a la Asamblea Legislativa para «otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia» a todos los trabajadores de la salud que están en primera línea. Se desconoce si es porque ya conocía que la Sala iba a declarar constitucional el decreto que él mismo vetó.
