La Federación Internacional de Derechos Humanos y Justicia (HRIFJ, por sus siglas en inglés) interpuso ayer ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de amparo contra el Gobierno de Nayib Bukele por las amenazas que realizó desde el sábado de cerrar todas las empresas que abrieran desde este lunes.
La demanda va dirigida específicamente contra el presidente de la República; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
Los ministros mencionados en la demanda dijeron el sábado que sus carteras de Estado incrementarían hoy los controles ciudadanos y empresariales para impedir que la población salga de casa a trabajar o a abrir sus empresas. Para HRIFJ, estas advertencias “atentan contra la libertad económica”.
La Federación consideró, además, que estos cierres de empresas serían “arbitrarios, atentan contra los derechos al debido proceso, seguridad jurídica, desarrollo económico y social, propiedad privada, libertad empresarial”, entre otros.
El sábado, el presidente Bukele reiteró que las empresas que abran antes de que su Gobierno lo autorice serán “cerradas permanentemente”. Asimismo, acusó a una “ex representante del sector privado” de hacer una “campaña de que este lunes se pueden abrir negocios no esenciales” y arremetió nuevamente contra el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, tildándolo de «político fracasado».
“Esto no solo es mentira, sino que causará un grave daño al que lo haga, ya que su negocio sería cerrado permanentemente. Las violaciones sanitarias son faltas graves y nos obligan a cerrar los negocios que las cometan. Violar la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud es causal de cierre permanente. Para reabrir, tendría que solicitar todos sus permisos, desde 0, al finalizar la pandemia”, escribió en redes sociales.
«No creo que los empresarios inteligentes caigan en la trampa de un político fracasado (que nunca ha podido ganar ni una primaria), disfrazado de empresario. Pero los que lo hagan, asumo que entienden que no solo serán cerrados, sino sus permisos de toda índole revocados. Recintos fiscales, permisos de salud, permisos de bomberos, espectáculos públicos, SIGET, SSF, BCR, CNR, Economía, Dirección de Hidrocarburos, Aduanas, contratos gubernamentales, solvencias de la PNC, prohibición para contratar con el Estado, permisos de construcción, etc.», agregó.
Los rumores que a partir de esta semana las personas podrían volver a trabajar se propagaron en redes sociales a raíz de la incertidumbre jurídica en la que está el país y porque el presidente hace unos días estimó que el 6 de junio se podría reabrir gradualmente la economía, siempre y cuando existiera primero otra cuarentena de 15 días.
El presidente Nayib Bukele decretó emergencia nacional el domingo pasado, a raíz de las lluvias que han golpeado al país, pero hasta ahora, según han informado los diputados, no ha enviado la petición para que la Asamblea Legislativa la decrete. El miércoles pasado, el mandatario envió una carta donde les informa a los legisladores que ha decretado emergencia nacional, basándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, más no la petición.
En este sentido, el jueves la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento para «exigir al presidente envíe la petición para decretar el estado de emergencia». Asimismo, manifiesta su «preocupación por el abierto desacato a resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional» y vuelven a señalar una «injerencia indebida en las facultades constitucionales de este órgano de Estado». Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una lectura distinta del artículo 24 de dicha ley.
Por otra parte, hasta el momento no existe una ley de cuarentena para combatir el covid-19, puesto que la primera que emitió el Órgano Legislativo, el pasado 18 de mayo, fue vetada y la segunda, en la cual se reunieron varios días con funcionarios de Gobierno, también fue vetada, según anunciaron funcionarios de Gobierno este fin de semana.
Por lo anterior, diputados y otros sectores de la sociedad señalan vicios de inconstitucionalidad en los decretos ejecutivos que han sostenido la cuarentena domiciliaria y demás medidas de contención. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no hay inconstitucionalidad y la población debe seguir resguardándose en sus hogares y solo las empresas ya autorizadas pueden seguir operando.