El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, informó que han ordenado el cierre de al menos cuatro empresas en las últimas horas, debido a que estas supuestamente incumplían las restricciones establecidas a las operaciones del sector productivo en el Decreto Ejecutivo 24, que instaura las normas de la cuarentena especial vigente.
“Encontramos dos tipos de cosas: uno que el Decreto 24 prácticamente se estaba incumpliendo de forma total, y dos, que la cantidad de personas que estaban viajando (al lugar de trabajo), por cualquier mecanismo de transporte que se utilizara, corría un nivel de riesgo de contagio bastante grande”, aseguró el ministro.
Castro declaró que los cierres de estas empresas “no constituyen ningún tipo de persecución política o empresarial”, como la denuncia hecha del cierre de la empresa del sector textil de INTRADESA. Aseguró que en ese caso, ellos “no estaban autorizados para laborar”.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, ayer informó sobre el cierre “arbitrario” de dicha empresa. “Desconocemos (si fue por represalias) pero ese tipo de decisiones arbitrarias no ayudan a sacar al país adelante”, declaró.
Sin embargo, el ministro de Trabajo remarcó: “Queremos dejar claro que no hay ningún tipo de persecución política, no hay ningún tipo de persecución empresarial contra nadie, no está el Gobierno interesado en querer estigmatizar a un empresario, líder político o algo por el estilo. Lo que el día de ayer pasó en INTRADESA pasó en tres empresas más”.
No obstante, INTRADESA estaba trabajando en la elaboración de mascarillas y gabachas, lo que la califica en el rubro que sí podía operar. Esta empresa era una de tres que estaban abasteciendo de prendas de uso médico al mercado estadounidense.
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Castro justificó aún más la decisión diciendo que el decreto 24 «en alguna medida fue un poco más estricto” y puso como ejemplo que habían empresas a las que se les permitía entre un 20% y 30% de capacidad de personal, pero en algunos casos de más de 2,000 trabajadores, el 30% equivale a unos 600 empleados.
“Consideramos que esa sería una situación bastante complicada. Debido a eso se tomó la decisión que este decreto fuera más firme, más firme aunque de alguna medida costos. Esto es lo que pasó con Intradesa es que llevó consigo que esas empresas que estaban trabajando que estaban trabajando de forma porcentual o proporcional con un nivel de porcentaje de trabajadores aunque estuvieran haciendo algún tipo de cosas en alguna medida tomábamos la decisión de que para evitar la cadena de contagio”, agregó.