Cinco miembros del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que debía fiscalizar y velar por el buen manejo del destino de los $2 mil millones que se usa y/o usará para la pandemia del Covid-19 y sus efectos económicos, han renunciado. Entre sus razones están que el Gobierno no está rindiendo informes y se han estado aprobando decretos ejecutivos que riñen con la Constitución de la República y los derechos humanos, algo que contraviene con los valores de sus instituciones.
Todos los miembros son los que no pertenecen al Gobierno, los cuales son: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Cámara de Comercio y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
El Presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó al Comité el pasado 27 de marzo luego que la Asamblea Legislativa le aprobara negociar $2 mil millones y en el Decreto 608 quedará estipulado que se debía formar este ente. Los demás miembros (6) son representantes del Gobierno.
Una de las primeras razones que enlistan para tomar esta decisión es que el pasado 24 de abril, los funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele presentaron una propuesta de reforma al Decreto 608 para cambiar la distribución de dichos fondos, así también criterios y rubros en los que las municipalidades deberán usar los recursos transferidos desde el Comité, lo cual los deja sin una “razón de ser”, ya que no tendrán facultad para la asignación de fondos y definir lineamientos para su uso.
Cabe destacar que esta reforma aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las instituciones enumeran otra serie de consideraciones por la que renuncian y se sienten “preocupados”:
- “No se cuenta con un plan de trabajo y una hoja de ruta para atender la pandemia por sector, así como determinar los lineamientos para determinar la asignación recursos;
- Sabiendo que los fondos ya invertidos por parte del Gobierno serán parte de los $2 mil millones y a pesar de haber solicitado informes sobre la metodología utilizada para implementar las transferencias de dinero a las familias (los $300), hasta el momento no se ha brindado la información;
- No se cuenta con un informe oficial de las gestiones de los fondos y su estatus; solo se han recibido presentaciones verbales», entre otras razones.
Sobre el tema: Juramentan al Comité que fiscalizará los $2 mil millones de la emergencia por Covid-19
Si bien parte de los $2 mil millones aún no se han conseguido, el Decreto 608 ya señalaba en qué rubros deben ser utilizados. En este sentido, el 70% prioritariamente será utilizado para atender la emergencia sanitaria y se podrá asignar para el fondo de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables, cubrir las deficiencias de ingresos del presupuesto vigente, generadas por el COVID-19 e incorporar los recursos al Presupuesto General del Estado 2020.
Asimismo, con los fondos deberán implementar un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y sector agropecuario en general. Además, deberá destinarse también recursos para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que sean afectados por la declaratoria de emergencia y cuarentena nacional y sus efectos.
El 30% restante será destinado para los gobiernos municipales, a fin de que desarrollen proyectos.
