El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) informó este sábado que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 22 y a una parte del artículo 2 del Decreto 23.
De acuerdo al IDHUCA, el Decreto Ejecutivo 22 contiene vicios de forma y fondo que “atentan contra principios constitucionales propios de un Estado democrático de Derecho”. Estos principios son: división de poderes, principio de legalidad, principio de reserva de ley; asimismo, atentan contra derechos humanos fundamentales, tales como la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad de circulación –para realizar las actividades legalmente permitidas–, el acceso a la justicia constitucional y, la protección judicial efectiva de tales derechos.
Por su parte, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 23 adolece de un vicio de fondo que, básicamente, también transgrede los principios y derechos mencionados, además de la libertad de contratación.
En este sentido, se solicitó que se dictara una medida cautelar en el sentido de restablecer el servicio de transporte público de pasajeros para que los trabajadores de las empresas autorizadas a funcionar, y las personas autorizadas a circular justificadamente, como quienes necesitan comprar alimentos o medicamentos, o padecen de enfermedades que requieren atención médica constante, puedan trasladarse hacia los respectivos destinos y regresar a sus hogares.
“Se solicitó también que el servicio se restablezca tomándose todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar los contagios; unas medidas que el Órgano Ejecutivo ya ha dictado para el transporte público”, indicaron.
La institución que trabaja en pro de los derechos reconoce “los intentos gubernamentales por facilitarles transporte a los trabajadores del sector de salud y de las personas que necesitan de atención médica”, pero también señala que las “capacidades organizativas y logísticas” del Gobierno aún “no son suficientes para cubrir adecuadamente todas esas necesidades, a nivel nacional”.
“En el IDHUCA estamos comprometidos en la protección de la salud y de los demás derechos humanos. En ese sentido, esperamos que los distintos órganos estatales e instituciones públicas cumplan con sus competencias constitucionales, respetando y promoviendo el marco del Estado de Derecho para, así, garantizarles una vida con dignidad a todas las personas, sin importar su sector o estrato social; de tal manera que el funcionamiento democrático del país, en todas sus aristas, no se vea más debilitado durante esta emergencia nacional por la pandemia de la Covid-19”, agregaron.
Esta sería la tercera demanda que la Sala de lo Constitucional recibe contra las acciones del Ejecutivo en sus decretos.
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