El Fiscal General de la República, Raúl Melara, ha reaccionado esta mañana a las órdenes que ha dado la Sala de lo Constitucional y a la postura del presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que advirtió que las resoluciones deben cumplirse.

«En todo Estado de Derecho hay un sistema de frenos y contrapesos,  al cual todos debemos someternos», indicó en sus redes sociales.

Agregó que la Sala de lo Constitucional es parte de ese sistema y, por ende, «sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento» .

Anoche, Nayib Bukele fue claro en decir que no acatará las órdenes de la Sala de lo Constitucional y acusó a los magistrados de querer que los salvadoreños se mueran.

«¿La Sala de lo Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir? El chiste se cuenta solo. NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño», interrogó el mandatario.

«Juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución, así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», añadió el mandatario.

Ante esto, el jefe del Ministerio Público advirtió esta mañana: «La FGR se mantendrá siempre como garante de la legalidad».

Más tarde, Melara hizo un llamado a la Presidencia y a la Asamblea para que «dialoguen». «El fin es el mismo y nos une a todos: controlar al máximo la crisis de esta pandemia y que afecte al pueblo lo menos posible.«, añadió.

En su resolución, la Sala de lo Constitucional también enfatizó que sus resoluciones no son un «pedido, solicitudes u opiniones», sino una orden que el Gobierno del presidente Bukele debe cumplir; asimismo que el cumplimiento de la cuarentena nacional no tiene nada que ver con lo que ordena, por lo que la población debe seguir en resguardo en sus hogares.

«Las actuaciones públicas que contradigan lo ordenado por esta Sala, incluso cuando son cometidas por órganos a los que la Constitución encarga el cumplimiento coactivo de las providencias judiciales (art. 168 ord. 9° Cn.), son actuaciones que violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad correspondiente, ante lo cual los demás órganos estatales con las competencias respectivas para determinar y exigir dichas responsabilidades deben actuar con prontitud y efectividad», indicó.

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