Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador a los hombres que amenazaron el lunes con saquear supermercados, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara el cierre de los CENADE por la aglomeración de personas.
Este mismo jueves se realizó la audiencia inicial y, al finalizar, el Juzgado decidió dejarlos en libertad bajo medidas sustitutivas.
Los acusados son Carlos Torres y Daniel Alexis Hernández. Los delitos que se les imputa son: desórdenes públicos, apología del delito y desobediencia a particulares.
El Ministerio Público pedía que siguieran el proceso en prisión pero esto fue denegado, por lo que los dos deberán presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado Tercero de Instrucción, no pueden cambiar de domicilio y deben abstenerse de participar en desórdenes.
Torres y Hernández fueron capturados el lunes pasado luego de amenazar con saquear supermercados sino les daban el subsidio de $300 que había ofrecido el Gobierno para paliar la economía de las personas afectadas por la emergencia nacional del Covid-19. En la audiencia, Hernández dijo que es mecánico y Torres es comerciante de ropa.
Ayer, tras conocerse que ya fueron acusados, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, y el presidente de la República, Nayib Bukele aseguraron en sus redes sociales que “muchos de los agitadores capturados el lunes tenían conversaciones de WhatsApp con prominentes líderes políticos salvadoreños”.
“(En las conversaciones) recibían instrucciones sobre que tenían que hacer e incluso el dinero que les iban a transferir por las acciones realizadas. Delito de sedición”, agregó el mandatario.
Ante estas declaraciones, periodistas interrogaron a uno de los acusados, quien negó que alguien les hubiera pagado. “Nadie nos pudo haber pagado, ahí se formó ese conflicto y al ver que toda la gente se estaba reuniendo para reclamar sus derechos, porque esto fue el presidente que lo hizo al decir que los que no aparecían en el listado que fueran al CENADE para ver si se le podían dar los $300. Entonces nosotros fuimos a ver, porque no aparecíamos”, declaró.
“El error de nosotros fue haber ido, si nosotros hubiéramos sabido que él había cerrado el CENADE no nos hubiéramos presentado y no hubiera pasado nada “, agregó.
Hasta ahora ningún funcionario a revelado los nombres de los políticos o partidos que supuestamente están involucrados.