Con 84 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves autorizar al Gobierno que negocie $2 mil millones para financiar el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por impacto del Covid-19.
Tras varios de días de discusión, la Comisión de Hacienda logró un acuerdo con los delegados del Gobierno y por ello el pleno logró autorizar la emisión de títulos valores hasta por $2 mil millones para que sean colocados en el mercado nacional o internacional, la contratación de empréstitos o la combinación de ambos, y así conseguir el financiamiento para la emergencia.
Cabe destacar que el 70% de esos fondos serán netamente para atender emergencias específicas del Covid-19 en todo el país y el 30% para implementar proyectos municipales. En el último caso, los fondos deberán ser transferidos directamente a las alcaldías de acuerdo a la Ley FODES.
Y el punto que más se discutió fue el de crear un comité para administrar y fiscalizar el futuro uso de esos fondos. Al final, este quedó conformado por seis integrantes del Gobierno y cinco de instituciones privadas:
– Un coordinador nombrado por el presidente de la República, Nayib Bukele;
– Un representante de la micro y media empresa, nombrado por la CAMARASAL;
– Un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP);
– Cinco ministros: Hacienda, Salud, Economía, Obras Públicas y Turismo;
– Un representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
– Un representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA);
– Un representante de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Los integrantes de este comité deberán ser avalados por el presidente y luego ratificado por la Asamblea Legislativa.
Antes, el pleno aprobó con 75 votos la suspensión por 90 días la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, esto como un complemento para poder autorizar la deuda de $2 mil millones.
En otras palabras, la suspensión temporal de la Ley implica no aplicar los parámetros y las metas fiscales exigidas, ya que el Ministerio de Hacienda ha previsto que habrá «un impacto negativo en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Es importante recordar que esta aprobación solo es la autorización para que el Gobierno busque adquirir los $2 mil millones. Luego que se hayan conseguidos estos fondos, el Ministerio de Hacienda tiene que volver a la Asamblea Legislativa para que el préstamo sea ratificado con un mínimo de 56 votos.