La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes una demanda presentada por dos ciudadanos en contra de la plenaria extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros del presidente Nayib Bukele y como medida cautelar ordena el cese de los efectos de la convocatoria, así como una futura relacionada al mismo tema, y abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos.

«1) Ordenar al Consejo de Ministros, del cual forma parte el presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo con el BCIE para la implementación de la Fase III del Plan Control Territorial, así como cualquier convocatoria relacionada con el tema; 2) Suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnada; 3) Ordenar al presidente de la República a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes; 4) Ordenar al ministro de la Defensa Nacional y al Director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados», informaron en un comunicado de prensa.

Los magistrados de la Sala también solicitaron al Consejo de Ministros un informe en un plazo de diez días.


Parte de un extracto de la admisión de la demanda de la Sala. 

El Consejo de Ministros convocó el pasado jueves a los diputados a una sesión extraordinaria para que aprobaran un préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial. Sin embargo, solo 28 diputados asistieron, los demás señalaron que habría «un vicio de inconstitucionalidad», ya que no existía ninguna crisis o catástrofe nacional que hubiese requerido ese acto. 

El mandatario salvadoreño llegó ayer a la Asamblea y dio un ultimátun, dando un plazo de una semana para que los parlamentarios aprueben dicho préstamo, si no, dijo, convocaría nuevamente a sesión extraordinaria y no se opondría entre la población para que haga uso del artículo 87 de la Constitución de la República que habla sobre la insurrección.

Al conocer la admisión de la demanda y las medidas cautelares, el presidente de la República reaccionó diciendo que «el sistema se auto protege». «Y así es como las cosas siguieron igual…», agregó en sus redes sociales.

Cabe destacar que, según establece la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional es la única que puede dirimir entre las diferencias que surgen entre el Ejecutivo y Legislativo.

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