Fuentes de partidos políticos han informado que desde ayer en la noche a los diputados de ARENA y FMLN les han retirado a su personal de seguridad (PPI) por órdenes superiores.
Otro de los diputados que personalmente denunció la situación fue el No Partidario, Leonardo Bonilla. “Solo solicité 2 PPI de 4 que me deberían corresponder y uno de ellos me colabora en lo administrativo, no como seguridad. Les acaban de llamar y a partir de mañana no cuento con seguridad”, escribió Bonilla ayer en sus redes sociales.
Extraoficialmente se conoce que los agentes PPI fueron convocados este sábado a las 7:00 de la mañana a la base donde funcionaba el desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP), mismo que desapareció luego del asesinato de la agente Carla Ayala.
Esta situación se da en medio de un choque de poderes entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo, luego que el presidente de la República, por medio de su Consejo de Ministros, convocara a una sesión extraordinaria el domingo para abordar únicamente el préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial. Los diputados en su mayoría se han negado, puesto que argumentan que el tema necesita más discusión e invocar el artículo 167 de la Constitución para esto podría tener un vicio de “inconstitucionalidad”, ya que no existe una crisis o catástrofe nacional sino más bien se está pidiendo un endeudamiento.
La Asamblea incluso votó ayer en el pleno para rechazar la convocatoria y responder por escrito a la Presidencia.
Horas antes, Bukele colgó un mensaje en sus redes sociales reiterando que los parlamentarios «están obligados a asistir» el domingo a la sesión e hizo un llamado a la “insurrección” si estos no cumplen.
“El orden constitucional aún no ha sido roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe realizarse el domingo a las 3pm. Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, declaró a la 12:04pm del viernes 7 de febrero.
El artículo 87 de la Constitución dice: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, por el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado”.
