Foto: Inocente Montano, tercero desde la izquierda, en una imagen de julio de 1989, junto a otros altos cargos del Ejército salvadoreño.
Estados Unidos informó este miércoles que ha prohibido el ingreso al país a 13 exmilitares salvadoreños por estar involucrados en la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), en 1989.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dispuso que, por «violaciones graves de los derechos humanos», se denegará la visa a estos exmilitares, así como a sus familiares directos.
Los exmilitares son: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Angel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.
«Valoramos nuestra relación de trabajo en curso con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero continuaremos utilizando todas las herramientas y autoridades disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró. Las acciones de hoy subrayan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso de promover la rendición de cuentas para los perpetradores y alentar la reconciliación y una paz justa y duradera», indicó en un comunicado.
La matanza en la UCA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992). Ese día, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del exbatallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.
Las víctimas fueron: Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen; en enero de 2016, un tribunal de España pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero, en agosto de 2017, la Corte Suprema de El Salvador dejó sin efecto la demanda.
Sin embargo, en abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.
POR AGENCIAS