La Fiscalía General de la República este día anunció que solicitó apoyo técnico a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) para investigar tres casos donde los procesos ya se abrieron.
Dichos casos son: asignación y uso de fondos (subsidio) al transporte colectivo, caso Chaparral, fase 3, y la adjudicación en el caso SITRAMSS. El Fiscal General, Raúl Melara, señaló que son casos «de gran impacto de corrupción» y «daño» en el país, por lo que esperan que con esta asistencia tengan «los mejores resultados».
«Hoy pasamos a la acción y cumpliendo mi compromiso como fiscal general, y agradeciendo la colaboración de la OEA, quise hacer público este anuncio, pues cada salvadoreño debe de estar consciente de mi voluntad en el combate a la corrupción se mantiene férrea. Hay que terminar con todos los años de impunidad que ha tenido nuestra sociedad», declaró Melara en el acto de entrega de los casos al comisionado Ronalth Ochaeta de OEA-CICIES.
Por su parte, Ochaeta indicó que ellos reciben la solicitud en el marco del convenio que suscribieron hace unos meses y también recalcó que esperan dar los «mejores resultados».
Melara reiteró que es la Fiscalía quien investigará y no la CICIES, ésta solo «colaborará» brindando asistencia técnica a la Unidad Especializada contra la Corrupción de dicha institución pública. Lo anterior, es porque la Constitución de la República establece que la FGR es la única facultada para investigar y llevar los casos a tribunales.
Subsidio al transporte colectivo: el pasado 23 de diciembre el Fiscal General mostró su descontento por el subsidio que el Gobierno y la Asamblea Legislativa le da siempre a los transportistas, esto tras compartir una noticia donde una menor de edad murió atropellada por un microbus de la ruta 29-F.
El beneficio dado al transporte colectivo le cuesta al Estado casi $50 millones anuales. Para el 2020, el Ministerio de Obras Públicas ha presupuestado un total de 49.3 millones de dólares para esta compensación económica.
Chaparral, fase 3: En este proceso el principal acusado es el expresidente de la República, Mauricio Funes, junto a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, quienes están asilados en Nicaragua desde el año 2016, y otras cuatro personas. Según la FGR, los procesados están vinculados en el pago de $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, en la construcción de la presa El Chaparral, arreglo que supuestamente fue ilegal.
SITRAMSS: la Sala de lo Constitucional en 2015 señaló que este proyectó violentó el artículo 120 de la Constitución por otorgar la explotación de infraestructura estatal como los carriles exclusivos y la Terminal de Integración sin una concesión previa.
