El empresario del transporte colectivo, Catalino Miranda, informó esta mañana que presentarán una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en contra del diputado David Reyes, la diputada Felissa Cristales y Milena Mayorga de ARENA por realizar un «acoso desmedido» en contra del sector transporte.
Por su parte, el empresario William Cáceres añadió: «Los 84 diputados merecen respeto, pero ves que unos se salen de la parte fundamental constitucional, una cosa es como ciudadano y otra como legislador, para venir a acosar a diferentes sectores, a diferentes personas, es muy delicado».
Los tres parlamentarios a los que hacen alusión los transportistas se han caracterizado por denunciar fuertemente los percances o violaciones a las leyes de tránsito que realizan las personas que manejan las unidades del transporte colectivo; asimismo, votaron en contra de prorrogar el subsidio al transporte público que se dio la semana pasada.
De acuerdo a los empresarios, la polémica que se dio en la aprobación al subsidio fue un «show» armado por esos tres diputados, puesto que incluso el presidente de la República, Nayib Bukele, ya tenía presupuestada la compensación en el Presupuesto General de la Nación 2020.
«Pero desde el año 2000 venimos en conflicto con cada GOES que ha llegado, pues no nos han permitido salir de la crisis interna de diversos factores: crímenes, extorsión, asaltos, competencia desleal, falta de política financiera para generar condiciones…», afirmó William Cáceres. También, señaló que tienen una deuda con los conductores, puesto que «no existe una escuela» para ellos.
El pasado 23 de diciembre, con 53 votos a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga para entregar el subsidio al transporte colectivo, pese a los voces y críticas que pedían que no se aprobara. La compensación económica se entregará sin ninguna condición y esta nueva prórroga vencerá el 30 de junio de 2020.
El beneficio dado al transporte colectivo le cuesta al Estado casi $50 millones anuales. Para el 2020, el Ministerio de Obras Públicas ha presupuestado un total de 49.3 millones de dólares para este sector.
