Luego de presentar el anteproyecto de la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, los disputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social invitaron a representantes de empresas referentes a ese rubro para obtener insumos de parte de ellos en el proceso del desarrollo de la normativa.

“Estamos haciendo todos los estudios para construir una propuesta para regularizar las condiciones laborales adecuadas para los agentes de seguridad privada, porque en muchas ocasiones han sido vulnerados”, comentó el presidente de la junta, Edgardo Mulato.

Los invitados fueron Carlos Novoa, quien es el director de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), una gremial que engloba 80 empresas. Además, Miguel Hernán Gil, director ejecutivo de Guard Plus, y Óscar Peña, gerente general de TAGRO, S.A. DE C.V.

“Esta es la base para construir una agenda con gremiales, sindicatos, empresas de seguridad privadas y así poder avanzar en el tema”, aseguró el diputado Mulato.

La Ley de los Servicios Privados de Seguridad que rige al rubro en la actualidad fue decretada en el año 2000, pero de acuerdo a los diputados de la comisión esta fue acoplada para beneficiar solo a los empleadores. “Esa ley era para los empresarios, en donde se acopló a una inseguridad y a intereses particulares”, aseguró el legislador.

Los tres invitados expusieron sus diferentes puntos de vista y argumentaron la razón por la que hay ciertos incumplimientos con los trabajadores del sector de seguridad. Entre sus justificaciones están las licitaciones emitidas con limitantes por parte del contratista del servicio.

“Nacimos bajo la problemática que ya se ha identificado, es decir con la inseguridad que atañe al país”, comentó Novoa, quien además sugirió ideas para complementar el estudio que realizan los diputados, como determinar una escala de precios, buscar los mecanismos para que haya una competencia real, regular las empresas que laboran fuera del marco de la ley (ilegales), regular la gama de servicios, entre otros.

Según los registros, en el país hay un poco más de 27 mil agentes de seguridad, 432 empresas registradas en el Centro Nacional de Registros (CNR), de estas hay una cifra que no se preocupan por cumplir con la normativa del Código de Trabajo y como lo mandata la Constitución de la República.


 

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