A esto se sumarán $100 millones para ayudar a las Mypimes con el subsidio del incremento al salario mínimo, explicó el ministro de Hacienda.
El Gobierno de El Salvador ha desembolsado más de $380 millones del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), de acuerdo con el sitio web firempresa.gob.sv.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo esta mañana que junto a esos fondos del fideicomiso buscan agregar $100 millones más para ayudar a las Mipymes en el pago del 20 % de aumento al salario mínimo.
“Ayer fuimos a la Asamblea para cumplir con la promesa del Presidente de la República Nayib Bukele de aumentar el salario mínimo, este es uno de los mejores diseños de América Latina”, aseguró el titular de Hacienda. “Vamos a ayudar a las MIPYMES con menos de 100 empleados para que puedan subsidiarse durante un año el incremento al salario mínimo”, agregó.
Ministro @AlejandroZelay9: "Ayer le decíamos a los medios de comunicación que #FIREMPRESA será más rápida en la entrega del subsidio, porque ahora ya se cuenta con una base de datos del @isss_gob_sv”. pic.twitter.com/TI4z1CugSE
— Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) July 21, 2021
"Vamos a ayudar a las MIPYMES con menos de 100 empleados para que puedan subsidiarse durante un año el incremento al salario mínimo”, reafirmó el Ministro @AlejandroZelay9. pic.twitter.com/AKp4Yh4t61
— Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) July 21, 2021
Es un total de $380,166,623.07 los que han sido desembolsados por el Gobierno para el subsidio de las Mipymes, artistas, pescadores, transportistas y trabajadores informales del Mercado de Santa Ana, así como para créditos para las empresas. A la fecha, ya solo quedan por desembolsar un total de $8,380,943.66.
La implementación del aumento al salario mínimo incluye la entrega de 2.1 millones de paquetes alimentarios a las familias, para que se reciban estos insumos en los hogares y prever que bajen los precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local; así como, la realización de verificación de los productos de la canasta básica a cargo de la Defensoría del Consumidor, para evitar especulaciones y acaparamiento.