La Asamblea Legislativa aprobó, durante la sesión plenaria número 13 , con 75 votos las Reformas a la Ley de Firma Electrónica para actualizar y facilitar su uso, así como para impulsar el desarrollo de las actividades productivas y económicas, y con lo que se facilitará la entrada de inversionistas al país.
#SesiónPlenaria13✍? Con 75 votos a favor, los diputados reforman la Ley de Firma Electrónica con el objetivo de facilitar trámites y requisitos para el desarrollo de las actividades productivas e incentivar el establecimiento, expansión y operación de inversiones en el país. pic.twitter.com/n2fdTdoG9e
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) July 20, 2021
Según, el diputado William Soriano, con estas modificaciones aprobadas se va facilitar, incentivar, proteger, modernizar e integrar, y permitirá hacer negocios dentro y fuera del país, además, la expansión empresarial será mayor.
Para las modificaciones se tomó en cuenta al sector empresarial, a las instituciones públicas y al Comité Técnico Consultivo, indicaron los parlamentarios.
#SesionPlenaria13 "La firma electrónica es un instrumento jurídico que permite incentivar y mejorar el clima de inversiones. Hemos logrado articular una serie de reformas que nos permitan actualizar la ley", diputado @WilliamSorianoH. pic.twitter.com/mEMEgo98hU
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) July 20, 2021
Eliza Rosales, diputada de Nuevas Ideas explica que esta normativa tenía vacíos que no se adaptaban a las necesidades actuales, por ejemplo, agilizar los trámites a los salvadoreños en el exterior.
Entre las modificaciones se plantea que El Salvador cuenta con la infraestructura técnica que requiere la autoridad certificadora para la implementación de la Ley de Firma Electrónica aprobada en 2015.
Además, se considera que el Ministerio de Economía puede asumir las funciones de acreditación, control y vigilancia que la ley le concede.
Por otra parte, con las reformas se corrigen deficiencias para dar más seguridad jurídica a los proveedores de servicios de certificación, almacenamiento de documentos electrónicos y a los usuarios de esos servicios aseguran los parlamentarios.