El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), Daniel Álvarez denunció ayer irregularidades en el proceso de embargo contra la empresa italiana ASTALDI, vinculada a la corrupción de la administración del expresidente, Mauricio Funes en la obra de la antigua presa EL Chaparral.
En la conferencia se explicó que la CEL, como querellante en el caso ha buscado el reintegro de $228 millones a las arcas del Estado; sin embargo, la última resolución de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó al juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, que fundamente mejor el embargo decretado contra la empresa italiana.
Es decir, dicha la resolución se aparta de los argumentos expuestos por la querella, donde se pedía la ejecución que anteriormente fue pronunciada por la misma Cámara y se está dando una respuesta distinta sin dar explicaciones, pese a estar obligados constitucionalmente a dar detalles de las motivaciones del fallo emitido.
Además, detallaron que se está negando cumplir la orden del embargo para lograr la recuperación de los fondos y se está decretando improcedente la solicitud de la autónoma, lo que bloquea la oportunidad de recuperar los fondos, impidiendo la aplicación de la justicia y afectando los intereses económicos del país.
El presidente de la CEL, lamentó la resolución de los magistrados de dicha instancia y que de esta manera se esté negando el reintegro de los fondos que fueron desviados por los gobiernos de ARENA y el FMLN, con la ejecución del proyecto.
La CEL presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedir que se reconozca la decisión que anteriormente fue señalada por dicha Cámara; además, se contempla la vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y la tutela jurisdiccional efectiva.
Los funcionarios anunciaron que se presentará una denuncia ante la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, en contra de los magistrados de dicha Cámara, para que se investigue la actuación con respecto a la resolución.
Los trabajos de la presa hidroeléctrica de El Chaparral iniciaron en 2008, con una inversión estimada de $219 millones; sin embargo, las irregularidades hicieron que el costo se incrementará a más de $756 millones, entre las inconsistencias incluyen el pago de $108 millones a la empresa constructora ASTALDI.