Luego que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional las reformas para reorientar fondos a la contrapartida de Fomilenio II, Fodes, veteranos y pago de obligaciones de proveedores, por no haber consultado con el Ministerio de Hacienda, los diputados han reaccionado lamentando la decisión pero señalando que ellos solo quisieron «resolver el problema» que ha creado el Gobierno de Nayib Bukele al no pagar obligaciones que, incluso, emanan de la Constitución de la República.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reprochó que es el Ejecutivo quien ha ocasionado todo este problema por estar pasando «por encima de la Constitución y la ley».
«La situación es bastante complicada porque, primero, se ha pisoteado la Constitución, la ley y no entendemos cómo es que este país no está viendo de primera mano lo que está sucediendo, el no haberle trasladado a los alcaldes las transferencias del FODES, que es por Constitución, yo no encuentro respuesta alguna… Nosotros quisimos resolver el problema, porque no es un problema creado por esta Asamblea Legislativa, es un problema creado por otro Órgano de Estado, quien está pasando por encima de la Constitución y la ley; lamentablemente esto es lo que tenemos y esto es con lo que vamos a tener que lidiar en el presente y en el futuro», criticó ese 7 de enero.
El pasado 26 de noviembre, los diputados reformaron los artículos 2 y 12 del decreto 640, con el fin de reasignar parte de los mil millones de dólares. El presidente Nayib Bukele lo vetó, ya que dijo que se «invadió facultades del Órgano Ejecutivo», además que dichos fondos no existían, pues habían sido ocupados para el Fideicomiso. Sin embargo, eso se contradice con lo que dijo el 16 de octubre de 2020 en conferencia de prensa, pues aseguró que el Fideicomiso se financiaría con $600 millones de CETES (Certificados del Tesoro) y ese día fue cuando le pidió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que retirara el pedido de la Asamblea Legislativa.
En su resolución, la Sala dedicó un espacio para señalar y hacer una advertencia sobre las afirmaciones del Gobierno central que esos fondos ya no están disponibles: «Eso es independiente de que el Ejecutivo haya gastado sin autorización legislativa las cantidades referidas, es decir, sin seguir el trámite de reforma presupuestaria respectivo, como lo requiere el artículo 131 ordinal 8º de la Constitución”.
En este sentido, Ponce se preguntó «dónde están» realmente esos más $300 millones. «Lo cierto es que ese dinero no sabemos dónde está, porque no se pagó a los proveedores, no se pagó el IVA exportador, no se le transfirió a los comerciantes informales, no se le transfirieron los recursos a los empresarios de las mipymes», dijo.
El diputado René Portillo Cuadra también reaccionó resaltando que uno de los magistrado de la Sala razonó su voto y dijo que los diputados sí llamaron y consultaron al ministro de Hacienda. «Claro, la resolución se tomó 4 a 1, pero igual respetamos el fallo. Pero aquí lo más importante es que el Gobierno central le debe a las alcaldías, le debe a Fomilenio, a los veteranos, ese es el fondo del asunto y por eso vamos a seguir insistiendo en que este Gobierno honre las deudas que tiene», declaró.
Cuadra añadió que ahora la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pues son ellos los que tienen que enviar una iniciativa a la Asamblea para buscar la forma de honrar esas deudas.
El diputado Rodolfo Parker del PDC también destacó el voto razonado del magistrado pero afirmando que igualmente acatarán el fallo. «El fallo de la Sala si bien señala el error de forma cometido por la Asamblea, al mismo tiempo le manda un mensaje importantísimo al presidente Nayib Bukele para respetar el equilibrio del presupuesto general. Desde el momento que anuncia veto a dos de los decretos que sustentan el financiamiento del presupuesto 2021, estaría provocando el desequilibrio, del cual la Sala estaría objetando, es un llamado indirecto», indicó.
Parker agregó y sentenció que si el Ejecutivo realmente ya utilizó ese dinero eso sería «delito, malversación de fondos» y «eso ya es materia del fiscal general de la República».
Por su parte, el diputado Guadalupe Vásquez del partido de Gobierno, GANA, celebró el fallo de la Sala y reiteró que los demás parlamentarios «en su ego político decidieron que iban a dictaminar cuando realmente ya no existía ese dinero», «engañando así a los alcaldes, a los veteranos y a Fomilenio II».
«Esperamos que hoy que al Gobierno sí se le dio la razón, la Asamblea, que ha perdido esta batalla legal, medite antes de tomar una decisión, apresuradas por capricho político», declaró.
Al interrogarle sobre cómo el Ejecutivo pudo haber gastado ese dinero cuando ni siquiera se hizo la asignación presupuestaria, punto que también señaló la Sala en su resolución, Vásquez aseguró que el decreto 640 le daba esa «autorización».
Los magistrados de la Sala en su resolución pidieron a los dos Órganos de Estado «atender con la urgencia que amerita» este tema, «mediante el procedimiento constitucional respectivo, que involucra la intervención del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, según las competencias constitucionales que le corresponden a cada uno en materia presupuestaria».
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