El Juzgado 12° de Paz ordenó este 6 de enero, que continúe proceso judicial sin medidas contra el expresidente Mauricio Funes y el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio, acusados por presunta corrupción en el proyecto de construcción del puente San Isidro entre La Libertad y Chalatenango.
La Fiscalía General de la República (FGR), en su investigación determinó que el guatemalteco Aparicio Mejía, representante legal de la constructora SERDELCO S.A, entregó al exmandatario Mauricio Funes y a su socio Menéndez Avelar, como dádiva el avión con registros -Beechcraft King Air 90- TG ADL para que este fuera favorecido con la adjudicación del contrato de diseño y construcción del proyecto del Puente San Isidro.
Asimismo, revelan que Funes Cartagena y Menéndez Avelar compartían el avión del 2013 al 2016; el cual utilizaban para viajes familiares a los Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y en algunos casos, hasta lo alquilaban a $1,300 la hora.
De acuerdo con la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos de la FGR, los delitos que les atribuyen son: Casos especiales de lavado de dinero y de activos para Funes Cartagena y Menéndez Avelar, mientras que Cohecho Activo para Aparicio Mejía.
El exmandatario suma 7 órdenes de captura: la primera por saquear $351 millones al Estado, la segunda, por supuestos sobornos al exfiscal Luis Martínez, la tercera, por revelar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en donativo de Taiwán.
La cuarta orden de captura, por supuesto soborno recibido en el arreglo directo de la obra inconclusa El Chaparral, la quinta orden, por supuesta evasión de $85,157 en impuestos en el 2014; la sexta, por caso de tregua de pandillas, y la séptima, por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Pese a ello, el expresidente Funes dijo ayer, en una entrevista televisiva que “ese avión” no es de su propiedad y pidió a la FGR le «compruebe» dicha acusación, ya que entre sus bienes “nunca” ha tenido alguno.