Luego que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informara que el Presupuesto General de la Nación 2021, aprobado el pasado 24 de diciembre de 2020, ya está «vigente» pero que serán vetados dos decretos complementarios, 800 y 803, de dicho plan de gastos, los diputados reaccionaron con críticas mientras que GANA avaló la decisión.
Los decretos que informó el titular de Hacienda que serán vetado son: 800, el cual contiene el crédito de $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que los diputados ratificaron para proyectos de desarrollo municipal; y el 803, que es el préstamo de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales $125,000,000 eran para el desarrollo de proyectos asignados a gobiernos municipales (de acuerdo al decreto 608 del 26 de marzo) y los otros $125,000,000 para aporte estatal complementario a la Cuenta de Garantía Solidaria por aumento de pensión mínima.
«La documentación del Presupuesto es un conjunto de decretos y ya la Constitución exige que debe ser equilibrado y para ser equilibrado los gastos previstos tienen que estar soportados por los financiamientos respectivos; con una pata que le quiten a la mesa, la mesa se cae, entonces estarían prácticamente desfinanciando el Presupuesto General», señaló el diputado Rodolfo Parker del PDC.
Ante las críticas de Zelaya sobre los recursos que brindaron a las alcaldías, incluyendo el FODES, Parker recordó que el FODES tienen «un origen constitucional y si Bukele o su gente lo está gastando en la campaña de Nuevas Ideas es otra cosa, pero ellos tienen que respetar la Constitución de la República».
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«Lo lamentamos mucho porque el Presupuesto en su conjunto tiene los beneficios que necesita la población salvadoreña. Rechazamos que esté poniendo en riesgo las pensiones mínimas para la población, el incremento a la pensión mínima está financiado a través de un crédito que está ahí aprobado y que el ministro esté planteando un veto a ese crédito, nos parece gravísimo, atenta contra el derecho de un incremento de la pensión mínima», expresó.
«En segundo lugar, la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para asignar los recursos del 608 está determinada y esa asignación para los municipios equivale a lo que ya había asignado del 30% y parece que siguen empeñados en boicotear y ahogar económicamente a los municipios; no pagan el FODES y también están obstaculizando cualquier recurso dirigida a ellas», agregó Urbina.
Este lunes, Zelaya también reiteró que la contrapartida del FOMILENIO II ($50 millones) será pagada con los recursos aprobados para la cubrir la brecha presupuestaria 2021, pese a que los diputados no realizaron esa asignación.
En este sentido, Yanci Urbina pidió al ministro de Hacienda que «lea que ya hay decreto que fue asignado, por $354 millones, para el pago del FODES y FOMILENIO II». «Esa es una controversia que está en la Sala de lo Constitucional y debemos decirle que otra asignación, por encima de esa que ya había sido adjudicada, sería ilegal porque serían dos fuentes de financiamiento para el mismo tema», sentenció.
Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos de GANA celebró que la «mayor parte» del Presupuesto fue sancionado. Además, aseguró que ya «hay un acuerdo» para que a partir de mayo, cuando entre la nueva Asamblea Legislativa, se haga una reforma a la Ley de Pensiones, por lo que el aumento hecho por los diputados no será efectivo en los próximos meses.
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