Al emitirse estado de emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 en El Salvador , a lo largo del 2020 la Asamblea Legislativa a través de la Comisión Política, aprobó una serie de decretos que dieron un marco legal adecuado a la situación de pandemia.
El 14 de marzo se aprobó el Decreto Legislativo 593, favorable de la Comisión Política, que declaró el Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República que estaría vigente hasta el 16 de abril, este decreto se extendió hasta el 16 de mayo. Sin embargo, en una resolución posterior, la Sala de lo Constitucional le dio vigencia hasta el 29 de mayo.
Luego de una serie de denuncias de violaciones a derechos humanos en centros de contención; casos de salvadoreños varados en el extranjero y algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, permitieron que los diputados decidieran convocar a miembros de la academia, sector privado, Colegio Médico, epidemiólogos, trabajadores del sector informal, entre otros, para discutir un nuevo decreto de emergencia.
En el proceso de discusión de las leyes también establecieron reuniones con delegados del Gobierno, buscando acuerdos y consensos, y según legisladores se logró un 90% de coincidencias para emitir un nuevo decreto que regulara la emergencia y el proceso de reanudación de la actividad económica.
Pero dicho decreto fue declarado inconstitucional, posteriormente se aprobó otro el 661, bajo los mismos parámetros y de igual manera fue vetado por la Presidencia, en ambos casos, los decretos fueron ratificados y, en el proceso de formación de ley, remitidos a la Sala de lo Constitucional para resolver la controversia. En ese sentido, el Decreto 661 fue declarado constitucional, por lo que tuvo que ser sancionado y publicado.
Otros de los decretos aprobados, fueron:
– Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observaciones y Vigilancia por COVID19.
– Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y Reanudación de las Labores en el Marco de la Pandemia del COVID19.
– Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Por la Pandemia COVID19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
– Ley Especial de Emergencia por la pandemia COVID19 Atención Integrales la Vida, la Salud y la reapertura de la Economía.
Interpelaciones a funcionarios
Durante este año, la Comisión Política, aprobó tres interpelaciones a funcionarios del Gobierno.
Una dirigida a la exministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendeck y al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez para que explicaran por qué se estaba distribuyendo “agua potable” que no era apta para el consumo humano.
Asimismo, al ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, para que explicara por qué militarizaron la Asamblea el pasado 9 de febrero, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, de acuerdo con el dictamen emitido el pasado 27 de febrero.
Pronunciamiento por FOMILENIO II
Una de las últimas acciones del año, fue la emisión de un pronunciamiento sobre la suspensión de las obras de FOMILENIO II y la «nula» posibilidad de participar en una tercera edición de este programa de cooperación.
Dicho pronunciamiento surgió a raíz de una carta recibida en la Comisión Política por parte del director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleitez, en la que manifestó su «preocupación» por la posibilidad de dejar inconclusas importantes obras que beneficiarían a la población en diferentes partes del país, debido a que el Ejecutivo aun no ha cumplido con el aporte de $50 millones, establecidos en el convenio de cooperación como contrapartida.
De acuerdo con los diputados, la emisión de estos decretos tuvieron como fin «corregir y solventar» la omisión del Ejecutivo al no haber incorporado en el Presupuesto de la Nación los fondos correspondientes de la contrapartida que le exigía el convenio de FOMILENIO II.