Este 23 de diciembre, los diputados de ARENA, Martha Evelyn Batres y Carlos García Saade, junto al alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue posible cometimiento de delitos por director de Tesorería del Ministerio de Hacienda, Juan Murillo por impago del FODES.
«Hoy presentamos un aviso contra el director de Tesorería de Hacienda, porque él es el encargado por ley de ejecutar los pagos (…) van más de 7 meses sin el pago del FODES, atrasos constantes también en empleados públicos y para nosotros implica preocupación porque hay un desacato por cumplir las leyes de la República, por lo tanto, es importante que esto esté ante la justicia también, en este caso es un aviso por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes que por ley es el encargado de ejecutar los pagos en la administración pública» explicó la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres.
De acuerdo con el aviso, piden se investigue si hubo delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes de parte del director de Tesorería al no hacer las transferencias de 7 meses del FODES a las alcaldías.
«Yo le tengo un mensaje al señor Murillo, usted no tiene fuero, él es el responsable de otorgar los fondos (…) De esta forma si él está cumpliendo órdenes por parte de Zelaya, él está cometiendo un acto legal, un acto arbitrario, usted debe obedecer a la Ley no a personas», criticó Saade.
Por su parte, el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, dijo que si la investigación de la FGR determina que Hacienda tiene fondos para FODES y no los pagó, asegura se estaría frente al posible cometimiento de un «fraude electoral» por retener dinero a alcaldías para obras en sus comunidades.
El 26 de noviembre, la Asamblea aprobó reformar al artículo 2 del Decreto 640 para transferir $354 millones para pago de siete meses FODES. En este caso, Hacienda no podría justificar que no poseen fondos para destinar a los alcaldes.
Sin embargo, a la fecha, alcaldes de diferentes municipalidades aún sostienen que no han percibido dichos fondos que les permita solventar los proyectos pendientes y señalan que el funcionario ha incumplido la Ley del FODES, la Ley del Presupuesto y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.